La nueva Ordenanza de Vía Pública irá al pleno del 5 de junio, correspondiente al mes de mayo, para recibir su aprobación definitiva, una vez que el Área de Comercio y Vía Pública ha emitido el correspondiente informe rechazando casi la totalidad de las alegaciones presentadas por hosteleros, vecinos y el grupo municipal de Málaga para la Gente, aunque ha admitido algunas modificaciones menores (hubo siete colectivos que presentaron alegaciones). Ayer y hoy han sido días para presentar nuevas enmiendas. Uno de los aspectos novedosos, y más combatidos por los hosteleros malagueños (Mahos) es que la ordenanza da potestad a la Policía Local para ordenar la retirada inmediata de las terrazas siempre que se cumplan unos requisitos.
El artículo 24 de la norma fija que cuando se compruebe que la instalación de la terraza sin licencia o excediendo de lo autorizado impide «o dificulta notablemente el uso común general o cualquier uso preferente o existiere perturbación o peligro de perturbación de la seguridad o tranquilidad públicas, la Policía Local podrá ordenar la inmediata retirada de la terraza o de los elementos perturbadores o las actuaciones o correcciones que procedan». De las mismas se extenderá el acta, la cual irá acompañada de fotos.
Incumplimientos
Si se detectan incumplimientos en cuanto a la superficie autorizada, el órgano competente ordenará el cese de la instalación de la terraza o elementos contrarios a la ordenanza y licencia o la corrección de deficiencias que proceda. Esas medidas serán ejecutivas y, salvo que se acuerde su suspensión en vía de recurso, deberán cumplirse por el titular de la terraza en el plazo señalado en la resolución; si no lo hace, se procederá a la ejecución forzosa. Los gastos repercutirán en el propietario.
En relación a este artículo, los hosteleros alegaron que crea inseguridad jurídica «las excesivas facultades que se le otorgan en este apartado a la Policía Local», ya que consideran que debería instruirse un expediente para el procedimiento de urgencia, pues lo contrario «sería colocar al empresario en la mayor y más absoluta indefensión», causando graves perjuicios económicos y de imagen, no pudiéndose ejercer el derecho de defensa.
Ámbito de la Policía Local
El informe del Área de Comercio y Vía Pública afirma que «no se hace uso de una habilitación genérica de capacidad de retirada, sino que la misma se encuentra constreñida a que concurran las circunstancias del artículo y que revisten especial gravedad», todo ello dentro del ámbito competencia de la Policía Local.
Los hosteleros se quejaron también de que la superficie autorizada para usar la vía pública no deba ser superior al 75% de la superficie del propio establecimiento, lo que supone «un daño económico a las empresas y trabajadores del sector de la hostelería con una larga antigüedad», pero esto sólo regirá para los restaurantes y cafeterías que lo pidan ahora, no a las autorizaciones ya concedidas, por lo que se desestima la alegación.
Otro punto polémico han sido los planes de aprovechamiento, lo que permite aprobar a la Junta de Gobierno Local en zonas determinadas planes sobre ocupación actividad, estética y diseño, obligando a usar, por ejemplo, determinados elementos. Los hosteleros piden que se les tenga en cuenta a la hora de aprobarlos, lo que rechaza el informe aunque se les escuchará si se estima oportuno.
Vecinos, muy combativos
La Asociación de Vecinos del Centro Histórico también presentó un escrito muy combativo en muchos frentes, pero fundamentalmente en este. Así, consideran los vecinos y el grupo Málaga para la Gente que los planes son un instrumento de derogación singular de las normas. Los segundos consideran que son la «herramienta perfecta para saltarse cualquier tipo de prohibición» y que deben aplicarse en sentido restrictivo, algo que rechaza el Área de Comercio y Vía Pública, recordando que su elaboración le corresponde a ella con informes preceptivos de Urbanismo y Medio Ambiente, describiendo únicamente el procedimiento administrativo para su aprobación.
Hay otro punto muy controvertido y es el horario de cierre. Los hosteleros pidieron que fuera a las 3.00 horas de la madrugada, en vez de a las 2.00. Responde el Área de Comercio y Vía Pública en el informe que tal competencia es autonómica y la desestima en base al principio de jerarquía normativa, por lo que no es posible regular en sentido distinto al que lo hizo el Gobierno autonómico.
