­El profesor de la Universidad de Málaga Francisco López Valverde, experto en inteligencia artificial, aseguró ayer que la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) dará paso a un big data más justo para el ciudadano, ya que el uso de los datos por parte de las empresas tendrá que hacerse de forma más razonable, sin abuso.

«A partir de ahora será el usuario quien decide qué información comercial recibe, autorizando o no su consentimiento, lo que reducirá, sin duda, el actual marketing invasivo», afirma López Valverde.

Asimismo, el derecho al olvido para preservar la intimidad también se verá reforzado con esta nueva normativa que se ajusta a lo que exige el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Según explicó el profesor del departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación de la UMA, se trata del derecho para conocer, actualizar y rectificar toda la información relativa a una persona que se recopile o almacene en centrales de información.

El Reglamento General de Protección de Datos supondrá una nueva cultura de protección de datos en todas las organizaciones que, con su entrada en vigor, tendrán que asumir responsabilidades. «Cambia el sistema, ahora las empresas tendrán que tener un papel proactivo ante las incidencias, no reactivo, y contar con profesionales preparados para ello», explica Francisco López, que dirige el Laboratorio de Business Intelligence en la UMA.

Un paso más a la española Ley Orgánica de Protección de Datos que, aunque como informa el profesor de la Universidad de Málaga «era buena sobre el papel», no se ha integrado de forma adecuada en la sociedad.

«El RGPD significa que la protección que el ciudadano ya tenía, ahora sea más efectiva y se aplique de forma unificada en toda Europa», apunta. No obstante, el experto aclara que la ley española ha servido de inspiración a la europea.

Un nuevo reglamento que pone cerco al vacío que la evolución digital va dejando y que llega en un momento en el que las grandes empresas ya están asumiendo los derechos que tienen los ciudadanos sobre sus datos.