La Ordenanza de Vía Pública recibió ayer el visto bueno definitivo del pleno el Ayuntamiento de Málaga. Así, 15 concejales (PP y Cs) votaron a favor, los seis del PSOE lo hicieron en contra y el resto de partidos de izquierda se abstuvo (siete votos). El presidente de los hosteleros malagueños (Mahos-Amares, Javier Frutos, ya avisó ayer de que la ampliación de las zonas de paso, el hecho de no poder usar toldetas laterales y que la Policía Local pueda retirar terrazas sin que medie un expediente sancionador puede suponer la pérdida mínima de 1.500 puestos de trabajo.
El portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, se quejó de que todas sus alegaciones fueran rechazadas y, sin embargo, se hayan aceptado las de los hosteleros, aunque consideró que supone un avance en relación a la de 2007. Ysabel Torralbo, portavoz de Málaga Ahora, se quejó de que los planes de aprovechamiento deberían usarse sólo en casos complejos y de una singularidad extrema y de forma debidamente motivada, porque pueden suponer «un coladero para incumplir la norma». «Esta ordenanza va a seguir incumpliéndose, puede ser que se legalicen los incumplimientos a través de los planes de aprovechamiento», señaló.
La edil socialista Lorena Doña destacó que el PSOE ha colaborado mucho con cartas y mociones, «no se nos tuvo en cuenta» para la presentación de enmiendas, e insistió en que la ordenanza no contenta a nadie, mientras que Elisa Pérez de Siles, concejala responsable de Vía Pública y Comercio, subrayó que el PSOE no presentó alegaciones, aseguró que las mismas se contestan de forma suficientemente justificada en el informe de su área, que coincide con los razonamientos de la Asesoría Jurídica Municipal, aclaró que es mucho más completa que en 2007 y tendió la mano a los grupos para trabajar, de forma que hay que conjugar el derecho de la hostelería a hacer negocio y ganar dinero y el de los vecinos a descansar.
Más allá de la refriega política, en el sector hay malestar y decepción. «Hay tres puntos que hemos dicho tanto al alcalde como a la concejala que no habían valorado bien y que puede suponer la pérdida de puestos de trabajo», señaló Frutos. Así, la ampliación de las distancias de paso para los transeúntes según el acerado, «calculamos que supondrá la pérdida de 1.500 puestos de trabajo, el 90% en los barrios, porque al crecer la distancia de paso se reduce la terraza». En cuanto a las toldetas laterales, «estas se usan entre diciembre y febrero, cuatro meses, si no las tienes no puedes usar la terraza por el frío, y es esa época en la que más sube el paro; nos ofrecimos incluso a que si era un tema estético la toldeta fuera transparente, pero no quisieron», agregó. Asimismo, se quejan de que la Policía Local pueda ordenar la retirada de terrazas sin que medie expediente sancionador, lo que provoca «inseguridad jurídica y deja al sector en una gran indefensión».
Frutos anunció una asamblea informativa para sus asociados y se quejó de que no exista modelo de ciudad, destacó el empleo creado por el sector y el dinamismo económico, así como es un «motor en la ciudad» que ha sabido adaptarse a las circunstancias, y, sin embargo, siempre estamos en el ojo del huracán y parece que todos los problemas los causa la hostelería».
Retirada de terrazas
El artículo 24 de la norma fija que cuando se compruebe que la instalación de la terraza sin licencia o excediendo de lo autorizado impide «o dificulta notablemente el uso común general o cualquier uso preferente o existiere perturbación o peligro de perturbación de la seguridad o tranquilidad públicas, la Policía Local podrá ordenar la inmediata retirada de la terraza o de los elementos perturbadores o las actuaciones o correcciones que procedan». De las mismas se extenderá el acta.
Los hosteleros se quejaron en sus alegaciones de que la superficie autorizada para usar la vía pública no deba ser superior al 75% de la superficie del propio establecimiento, lo que supone «un daño económico a las empresas y trabajadores del sector de la hostelería con una larga antigüedad», pero esto sólo regirá para los restaurantes y cafeterías que lo pidan ahora, no a las autorizaciones ya concedidas.
Otro punto polémico fueron los planes de aprovechamiento, lo que permite aprobar a la Junta de Gobierno Local en zonas determinadas planes sobre ocupación actividad, estética y diseño, obligando a usar, por ejemplo, determinados elementos. Los hosteleros piden que se les tenga en cuenta a la hora de aprobarlos. Los vecinos del Centro pidieron un escrito muy combativo en muchos frentes, pero fundamentalmente en este. Así, consideran los vecinos y el grupo MpG que los planes son un instrumento de derogación.
