Pocos días después de aprobar el presupuesto de 2018, el equipo de gobierno convocó una sesión urgente y extraordinaria de la comisión de Economía para hacer su primera modificación de crédito de más de 1,7 millones de euros, un dinero destinado a arreglar los desperfectos causados por el incendio en la piscina del Puerto de la Torre, cerrada desde hace tres años y cuyo uso había sido adjudicado ya, y también a pagar los intereses de dos sentencias relativas a expropiaciones, dos propuestas que salieron adelante en esta sesión, celebrada el martes antes del pleno, aunque con fuertes críticas por parte de la oposición municipal.

De hecho, hubo doce votos a favor y uno en contra, lo que significa que a Cs y PP se sumaron otros partidos de izquierda, pero no porque vieran con buenos ojos estas medidas, sino para no contribuir más a la demora de la apertura de la piscina del Puerto de la Torre, una demanda ciudadana que arrastra el equipo de gobierno desde hace años, y también porque las sentencias han de ser cumplidas, según explicaron.

En el primer caso, la teniente de alcalde de Deporte, Comercio y Vía Pública, Elisa Pérez de Siles, remitió el 24 de mayo una carta al portavoz del equipo de gobierno en la que le explicaba que hace un año hubo actos vandálicos en las instalaciones deportivas del Puerto de la Torre, «un incendio que provocó numerosos desperfectos en la estructura propia de la instalación, tanto visibles a primera vista, como internas, que no han podido detectarse hasta realizar un pormenorizado estudio en el correspondiente proyecto técnico». Tras la redacción del mismo, se necesitan 940.539 euros para llevarlo a cabo. «No se podía prever el alcance de todos estos años, siendo además una urgencia la contratación y ejecución de las obras descritas en el mencionado proyecto por varios motivos: el principal, es que tener esta instalación cerrada provocaría un grave perjuicio al Ayuntamiento, ya que existe un concesionario del servicio público, que podría plantear indemnización por daños y perjuicios» y, por otro lado, de no hacer nada el hecho de dejar pasar el tiempo puede aumentar las graves deficiencias.

El portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, señaló que hace dos o tres años que los vecinos no pueden disfrutar de la piscina, y ahora va a costar casi un millón de euros «la gestión desastrosa de ese equipamiento público; no es un caso aislado, se une a otros fiascos del equipo de gobierno», tono similar al que mantuvo Ysabel Torralbo, portavoz de Málaga Ahora, quien calificó la gestión de «deficiente», o la edil socialista Lorena Doña, quien criticó que se usara el procedimiento de urgencia.

El portavoz del PP, Carlos Conde, señaló que todo se debe a que los vecinos deben tener ya su piscina arreglada.

También criticaron los portavoces de la oposición los casi 840.000 euros destinados a pagar intereses por dos sentencias relativas a expropiaciones. Especialmente duro fue Zorrilla, quien señaló que, si en la fecha en la que fueron emitidos ambos fallos judiciales el Ayuntamiento hubiera consignado en el juzgado los fondos debidos, no habría que pagar ahora los intereses de demora correspondientes a estas decisiones de los tribunales. Torralbo, por ejemplo, se quejó de que una de las sentencias, de 2016, se lleve al Consejo de Urbanismo un año después de su emisión, lo que podría haber evitado hacer frente a estas sumas.