Málaga ha devorado la mitad de los edificios históricos de su Centro desde el año 1957, un proceso que se ha acelerado sensiblemente desde 1985, cuando la almendra central fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en su conjunto. Ante este hecho, que refleja IU-Málaga para la Gente en una moción que llevará a la comisión de pleno de Urbanismo del próximo martes, el grupo municipal ha solicitado una moratoria especial e inmediata que impida más derribos.

Así, explica el grupo, desde 1985, cuando se calificó como BIC el Centro, en concreto las cuarenta hectáreas de la zona intramuros medieval, «se han demolido 380 inmuebles históricos, lo que sumado a las 175 demoliciones entre 1957 y el año de la calificación de BIC del conjunto, implica que en este sector se han demolido 570 edificios total o parcialmente, es decir, se ha perdido el 43,6% del parque edificatorio histórico; y existen otros 40 inmuebles en estado de ruina, un 3,1% del conjunto». De esta forma, sólo se conservan, siempre según los datos de la coalición de izquierdas, 668 inmuebles del conjunto del BIC del Centro, «lo que supone que sólo se conserva el 52% del número de inmuebles existentes inicialmente, en otras palabras, se ha destruido casi la mitad de los edificios históricos dentro del BIC».

Además, estos han sido sustituidos por edificaciones de nueva planta y han sufrido 338 alteraciones de la trama urbana (300 desde 1985), consistentes «en fusiones de parcelas, retranqueos y atirantamientos de fachadas, así como la creación de nuevas calles y plazas que han supuesto profundas rupturas y modificaciones del tejido urbano».

Uno de cada cuatro edificios históricos del Centro fue derribado por la especulación inmobiliaria en los últimos diez años, dice IU-MpG, «y si no detenemos este expolio, tal y como reclaman las asociaciones de defensa del patrimonio, nos quedaremos sin Centro antiguo muy pronto». La ley, añaden, establece que en zonas protegidas, por sus valores arquitectónicos y artísticos, las demoliciones «deben ser algo excepcional».

Aclara IU-MpG que podrían haberse vulnerado los artículos 17, 18 y 19 del PGOU-Pepri, «que prohíben la práctica del denominado fachadismo en edificios históricos con protección en grado uno, pero esto no se ha cumplido porque 27 de estos inmuebles, tan sólo desde 2000, han sido afectados por esta abominable práctica». Las leyes de Patrimonio Histórico de la Junta y el Estado, insisten, consideran excepcionales las sustituciones de estos inmuebles, aunque sean parciales, pero desde 2000, apuntan, son ya «208 estas excepcionales demoliciones de edificios históricos» en el Centro de la ciudad.

Asimismo, durante el proceso de revisión del PGOU hasta su aprobación en 2011, «se han producido algunas modificaciones sustanciales de elementos», pero, pese a ello, se han producido actuaciones sobre muchas construcciones y elementos protegidos o catalogados, que hace que ya no se correspondan a la realidad, subrayan. Además, se debería elevar dicha protección de edificios que no están catalogados pero son dignos de conservar. «Algunos han sufrido intervenciones, incumpliendo sus propietarios con sus obligaciones de protección y otros, simplemente, han desaparecido o se les ha hecho desaparecer sin rendir más cuentas».

A todo ello se une el problema para los vecinos del Centro y la mala imagen, precisan, que da de la ciudad que haya muchos inmuebles abandonados, «ruinosos o con sólo el esqueleto, y este no es sólo un problema visual, sino que ocasiona molestias a los residentes en forma de polvo, insecto y malos olores».

Por todo ello, se insta al equipo de gobierno al estricto cumplimiento de las leyes de Patrimonio Histórico autonómica y estatal, que determinan que la sustitución de estos edificios será excepcional, y a que apruebe una moratoria especial que impida los derribos. También se le pide que revise el Pepri Centro, como un instrumento estratégico fundamental ahora paralizado, así como a que sea Urbanismo quien de oficio realice la revisión del catálogo de construcciones protegidas, que se realice un seguimiento del estado real de estos inmuebles y un informe técnico por parte de la Gerencia, que se prohíba la práctica del «fachadismo» en edificios protegidos y se tomen medidas contra los que ya han visto afectada su esencia, sancionar a quienes lo hayan hecho y a los propietarios que lo hayan permitido.