En junio del año pasado, Mari Carmen Jiménez Santiago contaba los días para un inminente desahucio. Debía diez meses de alquiler por su vivienda en la calle Fuentepiedra, en el Camino de San Rafael.
En el último momento, el Ayuntamiento de Málaga.
«Ahora pago 40 euros al mes, pero en julio ya serán más de 70, porque cada seis meses va subiendo la cuota hasta que dentro de dos años llegue a cerca de 400», explica. Desde hace años, Mari Carmen vive con los dos hijos de su hermana, que estaba enganchada en la droga. Los jóvenes tienen ahora 21 y 17 años, así que Mari Carmen, que tiene 57 años y está en paro, sólo recibe algo más de 300 euros al mes por acoger a su sobrina menor de edad. «El año que viene esa ayuda se me acabará», lamenta.
Mientras tanto, hace piruetas para llegar a fin de mes, pues además de luz, gas y alquiler tiene que pagar comida y medicamentos: «Tengo cinco hernias discales y un infarto de miocardio. Las medicinas las compro porque tengo una farmacéutica que es una belleza de persona y le voy pagando poco a poco. Si no, no podíamos ni comprar el pan», confiesa.
Hace 12 años, le declararon una minusvalía del 15% pero está convencida de que su minusvalía ha ido a más y por eso reclama una nueva revisión.
Pero su gran lucha es volver a contar con una vivienda, después de haber vivido «22 años o más» en la barriada de García Grana, que perdió porque se separó de su pareja y la vivienda estaba a su nombre.
«Antes, los pisos en García Grana se compraban sin papeles. Yo compré uno y vivía allí antes de que viniera mi compañero, pero el Ayuntamiento se lo puso a nombre de él», lamenta.
La abogada de Mari Carmen Jiménez presentó en marzo una petición de vivienda al Instituto Municipal de la Vivienda.
«Yo solo pido al Ayuntamiento que me devuelva mi casa, pero no en el mismo barrio, y con cuatro dormitorios, para mí, mis sobrinos y una de mis hijas, porque con el tiempo, terminaré en silla de ruedas y una de mis hijas tendrá que venirse conmigo a cuidarme», explica.
Respuesta del Ayuntamiento
La directora general de Derechos Sociales, Ruth Sarabia, respondió ayer que el Consistorio cuenta con una prestación de renta mínima de inserción, para el caso de que a Mari Carmen se le acabara la ayuda por acoger a su sobrina. «Es para personas que no tengan ingresos, tengan o no hijos a su cargo». La directora precisó que dependiendo de la situación personal, irá de los 390 a los 800 euros mensuales.
Con respecto a la petición de vivienda, explicó que, ahora mismo, hay una lista «de más de 500 familias». «Por urgencia, están primero todas las que tengan hijos menores a cargo, si hay discapacidad o si la mujer ha sido víctima de malos tratos», recalcó.
Las viviendas, subrayó, se otorgan a medida que se van inaugurando nuevas promociones.
