La Palma es un barrio cercado por los problemas. Integrado mayoritariamente por familias de origen humilde sufre lacras sociales como el desempleo, el tráfico de drogas o el absentismo escolar.

No obstante, los problemas no son sólo de índole social, las irregularidades en la titularidad de las viviendas es otra fuente de conflictos e inseguridad. Contratos verbales entre propietario original y comprador, escrituras perdidas, herederos ilocalizables, gente que tiene varias propiedades y las alquila ilegalmente y situaciones de distinta índole han dado lugar a decenas de situaciones irregulares en la zona que la Delegación de Obras Públicas y Urbanismo de la Junta en Málaga no subsana para la desesperación de los residentes.

Huerta la Palma. Lo que popularmente se conoce como La Palma es en realidad la Huerta de la Palma: 88 bloques y 3.018 viviendas. Una de las barriadas más grandes y populosas del distrito. Estas viviendas de promoción social fueron creadas en los 70 y transferidas en los 80 al órgano competente en materia urbanística, la Junta de Andalucía.

Retraso de años. En la actualidad, la titularidad de estas viviendas es, en ocasiones, un galimatías. Durante los últimos años la Delegación de Obras Públicas y Urbanismo de la Junta en Málaga ha estado trabajando para poner al día el cobro de los pagos mensuales en Huerta de la Palma, interrumpidos entre 1981 y 1999.

Fuentes próximas a la Delegación indican que se han regularizado y puestos al día unas 2.000 propiedades, pero quedan mil por resolver y los vecinos que han visto como el proceso regularizador pasaba de largo ante ellos se desesperan y piden soluciones.

`Vivienda Digna´. Para pedir respuesta a la administración por esta situación acaba de nacer una entidad, `Vivienda Digna´, constituida por un grupo de abogados. Asesoran a una veintena de residentes en viviendas sociales de Málaga que luchan por obtener las escrituras de sus casas y convertirse legalmente en lo que son en la práctica desde hace años, sus dueños.

Los directivos de la entidad aseguran que el proceso de regularización de las viviendas es viable en la gran mayoría de casos si el propietario se pone al día de los pagos ante la Junta, acredita que ocupa la vivienda desde hace años y hace un correcto uso de ella. Pero, además de reivindicar la titularidad legal de la vivienda a través de recursos contenciosos administrativos, la entidad plantea solicitar una indemnización por daños y perjuicios a la Junta por "falta de interés" a la hora de ordenar la situación. El primer recurso ha sido admitido en el juzgado número 5 de Málaga, aunque concierne a una vivienda social de otro área de la capital, no de la Palma.

Demanda vecinal. Ayer mismo, Óscar López y Francisco Aguado, portavoces las asociaciones vecinales de la barriada Monte Coronado, Paloma Blanca, Familiares de la Palma y Huerta de la Palma demandaban a cada administración una actuación "decidida" en la zona.

Al Ayuntamiento le reclamaban un impulso en el proceso rehabilitador de comunidades que en dos años y medio sólo ha logrado actuar en cuatro comunidades y a la Junta exigían la regularización de la propiedad de las viviendas bajo su competencia, pues muchas de ellas, como es el caso concreto de Huerta de la Palma, son patrimonio residencial de la Junta. La regularización facilitaría aspectos como la rehabilitación y permitiría acabar con muchos abusos.