El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado un auto en el que deniega la suspensión cautelar de la aplicación de la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) en Andalucía, como demandaban como medida preventiva los padres que a título individual recurrieron esta nueva materia que la Junta implanta en Secundaria este curso.

Esta resolución "no es firme y se puede recurrir por las partes", según el letrado Carlos Seco Gordillo, uno de los promotores de la iniciativa, quien señaló que estudia la posibilidad de recurrirla y aclaró que esto no supone que se rechace el recurso contencioso-administrativo que interpuso, "sino la adopción de la suspensión cautelar".

El TSJA rechaza así la petición de paralizar la puesta en marcha de EpC como habían solicitado los al menos 14 padres que respaldan los recursos. La Fiscalía ya había rechazado la suspensión cautelar de la materia, algo que para Seco Gordillo no significaba que el TSJA fuera a dictar en el mismo sentido, como al final sí ha pasado.

Derechos y libertades. Las alegaciones de la Fiscalía recogen que las disposiciones generales impugnadas por los recurrentes "en nada afectan al contenido del derecho a la libertad religiosa, tal y como ha sido expuesto".

Asimismo, rechaza que la educación suponga sólo la transmisión de conocimientos científicos, culturales o artísticos, "pues el objetivo del derecho fundamental a la educación radica en el desarrollo de la personalidad humana, y en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales". El fiscal concluye que ante la falta de concreción de la norma, debe estimar como infundado el recurso.

Al hilo de esta polémica, la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Cándida Martínez, afirmó que ha habido "intereses políticos por crear polémica" en torno a la EpC, y consideró que este tema "oculta lo que ocurre en nuestros centros, ya que todo el debate sobre la implantación de la nueva Ley de Educación se ha centrado en esta materia, mientras tenemos deficiencias en la formación de jóvenes en materias instrumentales".

En cuanto a esta "asignatura obligatoria", Martínez describió que prestará especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres; al reconocimiento de la dignidad de las personas; a la Declaración Universal de Derechos Humanos, a las conquistas femeninas o a la Constitución", entre otros aspectos.

Además, informó de que en Andalucía habrá 17 posibles libros para esta materia, entre los que podrá elegir cada centro. Igualmente, cada instituto podrá elaborar sus propios materiales curriculares, adaptando -como anunció en mayo- EpC a los idearios de cada escuela.

Más dura fue la parlamentaria socialista Araceli Carrillo, que calificó de "baja, ruin y rastrera" la oposición del PP a la asignatura en cuestión, que fue relacionada con la banda terrorista ETA por el secretario general de los populares andaluces, Antonio Sanz.

Por su parte, el parlamentario del PP Santiago Pérez criticó la "improvisación" que ha sufrido la implantación de EpC y aseguró que no servirá para lograr los objetivos que se ha marcado. Por parte de IU intervino Ignacio García, que arremetió contra quienes se oponen a la materia: "Son una especie de unión temporal de empresas entre parte de la jerarquía eclesiástica y el PP, aunque hasta la jerarquía católica se está empezando a descolgar de este polémica".

El parlamentario Antonio Moreno, del PA, exigió el fin de la confrontación política y "un gran pacto por la educación". Se declaró "católico orgulloso" y se ofreció a la consejera para defender EpC.