La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga celebra desde hoy el juicio por el presunto fraude en la empresa Menogal, de la que de 1993 a 1999 se consiguió desviar 4,2 millones de euros. Los delitos de los que se acusa a los procesados son delitos societarios de falsedad contable, de perjuicio fraudulento en relación a apropiación indebida y de derecho a la información; así como por otro contra la Hacienda Pública y por insolvencia punible.

Según el escrito inicial del fiscal, Damián J.P., que falleció el año pasado; José J.P. y Antonio C.G. constituyeron la sociedad en 1983 con el objeto social de venta de huevos, aves, productos derivados lácteos y caza y con un capital social de 500.000 de las antiguas pesetas, unos 3.000 euros. Posteriormente, se produjeron diversas ampliaciones de capital. En marzo de 2000 se instó la declaración de suspensión de pagos y en septiembre de 2001, la quiebra, acordada en mayo de 2004.

Lucro personal. Según estas conclusiones provisionales, los tres "crearon para su lucro personal" un sistema mercantil que consistía en "desviar diariamente ciertas cantidades en efectivo" de las ventas realizadas a través de clientes que no exigían facturas por sus compras. A estos clientes se les daba un albarán con un código "falso" y predeterminado que Antonio C. asignaba a cada vendedor.

De esta forma, según el escrito de la acusación pública, se generaba a diario "una doble contabilidad" y una caja B "con dinero negro". Este sistema se controlaba tributariamente con una aplicación informática y contable, encargada por Damián J.P. a su amigo José María G.V., también procesado.

A partir de 1995, la sociedad tuvo únicamente a los tres acusados en su consejo de administración, con lo que cuando algún socio solicitaba que se le citara personalmente a una junta, se hacía con pocos días de diferencia, por lo que no se podían consultar las cuentas previamente. Además, las ganancias no justificadas suponen una defraudación a Hacienda, según la calificación inicial, como cuotas no ingresadas, de más de un millón de euros en el caso de Damián J.P. y de 978.000 euros en el caso de José J.P.

La Fiscalía solicitaba inicialmente 64 años y medio de prisión para todos acusados, incluido el fallecido; así como multas de unos 800.000 euros que llevan aparejadas cada uno de los delitos.