Llega a Londres el eco de la polémica

En las vísperas de las grandes ferias turísticas, como ésta de Londres que hoy comienza, siempre han resultado recurrentes los debates sobre las preocupaciones, los problemas, los sinsabores o alegrías que afectan al sector. Empresarios y periodistas comparten avión, hotel, alguna copa, y eso siempre facilita el diálogo y la conversación. Ayer, todo giró alrededor del concurso convocado por la Junta de Andalucía para hacer del Palacio de Miramar un hotel de cinco estrellas. En público todo son parabienes y sonrisas, pero en privado no se oculta la polémica. Algo apuntábamos ya la semana pasada en este mismo espacio. Pero ahora, ocho días después, las palabras son ya más gruesas. Algunos expertos aseguran que si el Gobierno andaluz no ha conseguido con el concurso lo que pretendía, es porque la Consejería de Turismo no ha hecho bien su trabajo. Y lo argumentan: todo el mundo sabe que las nuevas tendencias del sector caminan hacia la separación entre la gestión hotelera y la propiedad inmobiliaria. Ni Ritz ni Meridien ni ninguna de las grandes están comprando últimamente ningún edificio, se limitan a la gestión. Eso, por tanto, tendría que haberse incluido en las bases de la convocatoria si de verdad querían que el Miramar se lo quedara una cadena de prestigio. Al no hacerlo, se ha abierto las puertas a empresas constructoras o con escasas experiencia en la hotelería de lujo. De hecho, se dice incluso que sobre las mesas de la Consejería de Economía, de la que depende la Dirección General de Patrimonio, se han quedado dos ofertas que sólo por su nombre ya hubieran sido merecedoras de la adjudicación. Ahora la situación tiene poco remedio y hay que limitarse a vender como un gran éxito el hecho de que se presentaran cinco empresas al concurso. Como queriéndose quitar el asunto de encima lo más rápidamente posible, la directora general de Patrimonio, Isabel Mateos, señalaba esta semana que la adjudicación se resolverá "cuanto antes". Puede que nos llevemos alguna sorpresa, pero, visto lo visto, en la Junta parecen tener muy claro quién pondrá su sello en la antigua sede de la Audiencia Provincial. Hay quien se decanta por la oferta presentada por Rayet -la más alta económicamente-, pero Sevilla dice que, para evitar suspicacias, lo mejor sería optar por una de las dos malagueñas. El problema es que una de estas últimas podría generar algún conflicto que llevara incluso a la impugnación del concurso. La otra, recuerdan, tiene experiencia en este tipo de convocatorias. La solución, por lo tanto, está tomada. ¿O no?