La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga acogió esta mañana la primera sesión del juicio por el presunto fraude en la empresa, constituida en 1983, de la que de 1993 a 1999 se consiguió desviar 4,2 millones de euros, según la calificación inicial de la Fiscalía, que acusa por delitos societarios de falsedad contable, de perjuicio fraudulento en relación a apropiación indebida y de derecho a la información; así como por otro contra la Hacienda Pública y por insolvencia punible.

Así, el procesado José J.P. indicó en la vista oral que su labor era estar a cargo del matadero y de otras gestiones de la fábrica en sí, pero se desvinculó de los asuntos de contabilidad, aspecto sobre el que dijo que no entendía sino que seguía las recomendaciones de su hermano, Damián J.P., que también estaba acusado, aunque no se le podrá juzgar porque falleció el año pasado.

Por su parte, Antonio C.G., acusado también y socio de la empresa, negó asimismo cualquier tipo de fraude. Ambos coincidieron en que la crisis de los pollos de 1999 afectó a las cuentas de la empresa y las ventas cayeron; y en que existía una "gran" conflictividad laboral y apuntaron que el personal tenía acceso a las cuentas y documentos.

Otro de los procesados, gerente de una firma informática y amigo de Damián, negó haber hecho una aplicación expresamente a la empresa para llevar una doble contabilidad, como se le acusa desde la Fiscalía. Asimismo, los otros dos acusados, uno hijo del fallecido y otro de Antonio C.G., también rechazaron haber tenido cualquier participación en los hechos.

El ministerio fiscal explica en sus conclusiones provisionales, a las que tuvo acceso Europa Press, que los hermanos Damián y José y Antonio "crearon para su lucro personal" un sistema mercantil que consistía en "desviar diariamente ciertas cantidades en efectivo" de las ventas realizadas a través de clientes que no exigían facturas por sus compras. A estos clientes se les daba un albarán con un código "falso" y predeterminado que Antonio C. asignaba a cada vendedor.

De esta forma, según el escrito de la acusación pública, se generaba a diario "una doble contabilidad" y una caja B "con dinero negro u opaco a la Agencia Tributaria". En otras ocasiones, según se explica, los conductores-vendedores expedían doble factura "una con la mercancía realmente entregada y otra con la mercancía que oficialmente se entregaba".

Así, cada día los vendedores entregaban las facturas y albaranes al cajero de la empresa o a su sustituta, que "tras imprimir los listados de ventas B, lo entregaba a su vez con el dinero resultante" a algunos de los acusados. A una de las empresas constituida por los dos hermanos y los hijos de uno de ellos "se han designado al parecer en calidad de préstamos una parte de las cantidades detraídas" de Menogal.

A partir de 1995, la sociedad tuvo únicamente a los tres acusados en su consejo de administración, con lo que cuando algún socio solicitaba que se le citara personalmente a una junta, se hacía con pocos días de diferencia, por lo que no se podían consultar las cuentas previamente. Además, las ganancias no justificadas suponen una defraudación a Hacienda, según la calificación inicial, como cuotas no ingresadas, de más de un millón de euros en el caso de Damián J.P. y de 978.000 euros en el caso de José J.P.

José J.P. y Antonio C.G., sustituido luego por su hijo Pablo, también imputado, constituyeron otra mercantil en Lucena (Córdoba) y los tres principales acusados crearon otra en Algeciras (Cádiz), que no eran más que "sociedades instrumentales para descapitalizar a Menogal". La contabilidad y administración de la central la llevaba el hijo de Damián J.P. y la de las nuevas sociedades el hijo de Antonio C.G.

En marzo de 2000 se instó la declaración de suspensión de pagos y en septiembre de 2001, la quiebra de Menogal, acordada en mayo de 2004. La Fiscalía solicitaba inicialmente 64 años y medio de prisión para todos los acusados, incluido el fallecido; así como multas de unos 800.000 euros que llevan aparejadas cada uno de los delitos que se le imputan.