«Pagamos cientos de millones a España para que salgan de la mierda y luego los clubes de fútbol se eximen de pagar sus deudas. Esto no puede seguir así. Es el colmo». Lo dijo recientemente, muy enfadado, el presidente del Bayern de Múnich, Uli Hoenes, después de conocer el débito de los equipos españoles con Hacienda: 752 millones de euros. El asunto escandaliza a Europa, hasta el punto de que la Comisión Europea ha comenzado a investigar si los clubes españoles reciben ayudas ilegales para sobrevivir.

El Gobierno español comenzó el pasado miércoles a tomar medidas, con un protocolo destinado a eliminar la mora en 2020. Los primeros pasos están marcados: A partir de ahora, los clubes con aplazamientos de deuda tributaria, como la gran mayoría, estarán obligados a aceptar ofertas por sus jugadores y a comunicarlo a la Agencia Tributaria, el Consejo Superior de Deportes y la Liga. Se creará una comisión tripartita, entonces, para tomar la decisión. También podrán ser excluidos de la competición.

De los grandes clubes, los que más dinero deben son el Atlético de Madrid y el Barcelona, pese a que el club catalán aseguró hace poco que su deuda con Hacienda estaba satisfecha. El Málaga, por su parte, es de los que menos debe y la cifra total asciende hasta los 5 millones de euros. Hay que recordar que el club, cuando entró en proceso concursal, adeudaba al fisco casi 20 millones de euros.

El punto más importante en el protocolo firmado recientemente es la posibilidad de excluir a los clubes de competir en caso de no pagar. Así lo anunció el presidente del CSD, Miguel Cardenal, durante la presentación de esta «hoja de ruta» para intentar acabar con una de las lacras del fútbol profesional español. «Si (el incumplimiento de este protocolo) es de cierta entidad el implicado puede hasta ser expulsado de la competición. Todos estamos convencidos de que se va a cumplir», aseguró Cardenal, presente en el acto junto al ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, y el presidente de la LFP, José Luis Astiazarán.

Además, entre otras medidas anunciadas durante la rúbrica de este acuerdo, está la de que a partir de la temporada 2014-15, el 35 por ciento de los ingresos por los derechos televisivos que reciben los clubes «no se librará hasta que no se acredite que estén al corriente de sus obligaciones», advirtió el presidente del CSD. El dirigente también recordó que este protocolo «no afecta» a las entidades que estén embargadas porque «no es una modificación de las leyes» y que se pondrá en marcha un control a través de un Reglamento de Control Económico «para aumentar la capacidad significativa de la LFP». «El CSD lo tutelará y si no se aplica de forma estricta se podrá inhabilitar a los cargos de la LFP o retirarle cualquier ayuda en forma de subvención o por el dinero de las quinielas».