El Málaga CF y su actividad diaria en los despachos se vio ayer alterada y sacudida por el juicio que se celebró en el Juzgado de lo Social número 9 de la Ciudad de la Justicia donde Vicente Casado, ex director general del club, se vio las caras con los dirigentes y letrados del club blanquiazul. El litigio, que duró más de siete horas, enfrentó al que fuera hombre fuerte del Málaga CF hasta el pasado mes de noviembre con la parte demandada, enfocada en la entidad de Martiricos y sobre Abdullah bin Nasser Al-Thani, además de sus hijos Nasser y Nayef, que sí se personaron como persona físicas demandadas. El exdirectivo malaguista reclama una indemnización que ronda los tres millones de euros por despido improcedente y unos bonus por primas que ascienden a 500.000 euros por cada temporada que el Málaga ha mantenido la categoría.

En un dilatado proceso, ambas partes se lanzaron reproches y acusaciones que fueron explayando a lo largo del contencioso, aunque quedará visto para sentencia una vez envíen las conclusiones a la jueza antes del lunes.

Numerosos actores fueron ayer protagonistas en la sala 20 de la Ciudad de la Justicia. Por un lado, Vicente Casado estaba representado por el abogado Juan Ferrero, mientras que el letrado Ángel Lara cumplía la defensa del Málaga CF. El granadino Pedro González Segura se encargó de representar al jeque y a sus dos hijos.

En primer lugar, ambas partes expusieron sus argumentos dejando claras sus posturas. Por un lado, la parte demandante (Vicente Casado), reclama una indemnización millonaria, argumentando que no hubo reunión alguna del Consejo de Administración del club para consensuar el despido del ex director general. La defensa del Málaga CF esgrimió que es una práctica habitual que no se reúna dicho Consejo, intentó demostrar que Casado era la máxima representación del club en todos los ámbitos y defendió el despido procedente en cuatro puntos que destacan por la venta de los derechos federativos de jugadores del Málaga CF a fondos de inversión, el incremento retributivo y el blindaje de algunos salarios de altos directivos, la presunta difusión de información confidencial como el despido de empleados del club, y la posible relación del club cuando estaba Casado con sociedades que pertenecen a su mujer. Además, expusieron que la subida de sueldos había sido aplicada sin conocimiento del Consejo, por lo que también debía ser nula.

Uno de los argumentos de la parte demandante fue exponer que Moayad Shatat era un apoderado general del jeque y que tenía libertad para ejecutar dichas acciones como la subida de salarios, el blindaje o la venta de derechos federativos de algunos jugadores y que, además, había informado al jeque Al-Thani de cada movimiento.

Precisamente Moayad Shatat, exvicepresidente hasta verano de 2015, era uno de los testigos principales del litigio y pese a acudir a las dependencias judiciales, finalmente no testificó al marcharse antes de ser requerido. Aún así, la parte demandante aportó un requerimiento notarial en el que Shatat admitía que había actuado conforme a las decisiones del jeque Al-Thani y que el presidente del Málaga CF estaba al tanto de todo movimiento en el club tanto en la venta de jugadores como en las retribuciones salariales.

Daniel Pastor, administrador concursal, también acudió pero tampoco pudo testificar. Sí lo hicieron los dos hijos del jeque, que fueron interrogados sobre sus funciones en el club y sobre sus gastos personales. En orden cronológico intervinieron en primer lugar los testigos aportados por el Málaga CF, con Joaquín Jofre (abogado del club), Roberto Cano (responsable financiero del Málaga), Lucas Rodríguez (presidente del comité de empresa del club), Vicente Valcarce (trabajador técnico de La Academia) y Carlos Arias (jefe de taquillas del club).

Tras comparecer la perito Leticia Cayuela, la parte demandante llamó a declarar a Mario Husillos (ex director deportivo del Málaga), Laura Fernández (ex asistente personal de Nasser y Nayef), Gabriela Barreiro (esposa de Casado), Julio Sen (ex director general del Real Madrid) y Javier Gómez Molina (director general de la LFP).

Una vez enviadas las conclusiones antes del lunes, la jueza tomará una decisión final que se conocerá en menos de un mes.