El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) presentará una moción en el próximo pleno para eximir a los propietarios de viviendas sujetas a procesos de regularización en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de abonar compensaciones, según anunció hoy el concejal de Urbanismo, Pablo Moro, quien precisó que serán los promotores, "que cometieron irregularidades", los que tengan que asumir las cargas urbanísticas para normalizar los inmuebles.

Ante la "preocupación" que ha surgido entre el colectivo vecinal, el edil quiso trasladar "un mensaje de absoluta tranquilidad" para todos los afectados y explicó que el objetivo de esta medida es "formalizar un compromiso que ya existía con los compradores de buena fe", por lo que confió en que tenga el apoyo del resto de grupos políticos de la Corporación.

En este sentido, el edil destacó en rueda de prensa que el PP ha seguido "desde el principio una línea de coherencia, defendiendo la misma tesis".

Preguntado por la posibilidad de que no se pueda localizar al promotor, Moro manifestó que "hay que respetar los tiempos". "Tenemos ahora mismo un año --hasta el 21 de mayo del próximo año-- para que, de manera voluntaria, sean los promotores los que tengan que sentarse con el Ayuntamiento para poner en marcha los mecanismos de normalización", matizó, al tiempo que indicó que ya se han presentado una veintena de promotores, por lo que "hay que dejar que el Ayuntamiento siga trabajando en este sentido".

A partir del segundo año, será el Ayuntamiento el que obligue a los promotores a que cumplan con esas cargas, aclaró, al tiempo que señaló que, ante la posibilidad de que haya comunidades de vecinos donde sea complicado localizar al promotor o que se haga cargo de los pagos, "probablemente, tengan que ser las administraciones que han tenido responsabilidades en el proceso las que tengan que asumir esas cargas", ya que "no sólo el Ayuntamiento ha sido responsable de todo lo que ha ocurrido en Marbella", agregó.

Además, subrayó que los propietarios podrán ejercer sus derechos "en toda su extensión: podrán comprar y vender, tener préstamos hipotecarios y contratar suministros necesarios, etcétera", aunque reconoció que el que quiera comprar una vivienda sometida a regularización, lo hará "con la carga pendiente".

Tomás Olivo

En cuanto a la admisión a trámite por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Málaga de dos recursos presentados por Tomás Olivo --empresario acusado en el caso 'Malaya'-- para impugnar el PGOU, el concejal señaló que aquellos particulares y sociedades que han visto perjudicados sus intereses y que consideren oportuno presentar acciones judiciales contra el Ayuntamiento o contra otras administraciones que hayan tenido responsabilidad en el proceso, "están en su derecho de hacerlo", pero "tanto este promotor como cualquier otro que tenga cargas en el Plan, tiene que compensar a la ciudad".

En este sentido, aseguró que "se esperaba" que, con un planeamiento como el de Marbella, "no todo el mundo estuviese de acuerdo con el resultado y sobre cómo se reflejan sus intereses", pero el Ayuntamiento "tiene que limitarse a ejecutar el Plan", de modo que "serán los tribunales los que tengan que pronunciarse sobre la conveniencia o no de admitir a trámite esos recursos", concluyó.