Más de una veintena de promotores están interesados en regularizar sus urbanizaciones en Marbella, un mes y medio después de la entrada en vigor del nuevo planeamiento. En concreto, 25 ya se han acercado al Ayuntamiento para conocer la situación actual de los suelos que ocupan sus inmuebles y las compensaciones que deberán pagar para legalizarlos.
«Ahora mismo estamos comprobando qué documentación es correcta para acreditar las cantidades que constan en caja», explicó a este diario el concejal de Urbanismo, Pablo Moro.
El Plan General de Ordenación Urbana, en vigor desde el pasado 21 de mayo, no incluye los pagos que hayan podido efectuar las promotoras o las comunidades de propietarios antes o durante el proceso de elaboración del documento urbanístico. Por lo que una compensación cifrada en el nuevo PGOU en dos millones de euros puede estar a día de hoy reducida a 100.000 euros, según Moro.
Preocupación
Las comunidades de propietarios también han acudido a la Delegación de Urbanismo para conocer la denominada «cuenta neta». Esto es, lo que tendrían que pagar entre todos los ocupantes de un edificio para que deje de ser ilegal.
El edil no se atreve a dar un número de residentes que ya hayan contactado con el Consistorio, pero se manifiesta satisfecho con la respuesta vecinal. Aunque, eso sí, reconoce la preocupación expresada por los propietarios.
En total, Marbella acumula 18.000 viviendas irregulares. El Plan General legaliza unas 16.500 y lo hace a través de un sistema de compensaciones. Con éste, pretende recuperar parte de esas potenciales áreas libres o equipamientos públicos que fueron sustituidos en su día por bloques de edificios. Para ello, alguien tiene que vender esas parcelas y alguien tiene que comprarlas.
Moro quiso transmitir un mensaje de tranquilidad ayer. «El Consistorio de Marbella no obligará a los terceros de buena fe a pagar las compensaciones de sus viviendas». Para demostrarlo, el grupo popular planteará una moción en el próximo pleno ordinario, que se celebrará a finales de mes.
El gobierno municipal del PP quiere formalizar su compromiso con los compradores. «Es la postura que hemos defendido siempre a diferencia del partido socialista y refleja claramente que seguimos una línea de coherencia», añadió.
El propio PGOU establece un periodo de un año para que los promotores puedan pagar las cargas urbanísticas y regularizar sus urbanizaciones voluntariamente. A partir de ese año, el Consistorio les perseguirá, aclaró.
Los compradores de buena fe están exentos de pagar estas compensaciones. Pero sus casas mantendrán la etiqueta de ilegal mientras que el constructor que las promovió no las afronte. O mientras no lo hagan ellos mismos.
El concejal de Urbanismo dejó claro que la intención política que mantiene el Consistorio es la de proteger a los propietarios y que «ya está incluida en el texto del nuevo planeamiento».
«El principio de subrogación de los adquirientes en los deberes inherentes al inmueble se establecen en beneficio de la administración y no del promotor, el cual no queda liberado por el hecho de que las parcelas de la promoción hayan sido transmitidas a terceros», indica textualmente el PGOU.
Estas líneas se asientan sobre al artículo 16 del texto refundido de La Ley de Suelo, aprobada en 2008. Sin embargo, la propia normativa asienta tanto los derechos reales como las cargas de un inmueble sobre su propietario.
