El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) aprobó hoy en junta de gobierno local la modificación del convenio en relación con la sociedad municipal Gerencia de Compras y Contratación Marbella S.L. --a través de la cual se gestionaban las contrataciones de servicios durante los gobiernos gilistas y que el pasado año acordó presentar ante el Juzgado de lo Mercantil de Málaga concurso voluntario de acreedores--, por el que el Consistorio se compromete a pagar la totalidad de la deuda contraída con los acreedores. Esta cuantía asciende a 13.863.326,44 euros y se abonará durante un periodo de 10 años.

El portavoz del equipo de gobierno del PP, Félix Romero, recordó en rueda de prensa que había un acuerdo en virtud del cual "se produjo una quita y se planteó una reducción de lo que había que pagar por esas cantidades ilícitamente desaparecidas del Ayuntamiento y que generaban un auténtico agujero a empresarios de la ciudad", aunque señaló que teniendo en cuenta el funcionamiento del desarrollo presupuestario de la ciudad y la obtención de plusvalías, "que en principio no se pensaba que se pudieran plantear, se ha estimado que se debía de modificar el acuerdo".

Así, explicó que se trata de un acuerdo "muy importante" y que pone de manifiesto "la seriedad, cumplimiento y compromiso de la Corporación de sanar las heridas del pasado y de no causar daños a ninguna empresa del municipio, respondiendo a todo el mundo por la gestión que nosotros no hicimos", al tiempo que apuntó que la propuesta tendrá que ser aprobada en el concurso de acreedores en el Juzgado.

Con esta actuación, la situación de los empresarios se ve "sensiblemente mejorada", ya que "van a seguir cobrando lo que estaban cobrando, pero en vez de cobrar hasta el año cinco lo harán hasta el año 10", apostilló, al tiempo que añadió que se demuestra que el Ayuntamiento es "responsable y realista" en su gestión.

En este sentido, explicó que el motivo de esta modificación se debe a "los planteamientos realistas" del equipo de gobierno, de modo que, aunque "en un principio el Ayuntamiento no podía pagar la totalidad de la cuantía, ha llegado a la conclusión de que mejorando esa situación cabe la posibilidad de responder a esas legítimas aspiraciones".

MODO DE PAGO

Respecto al modo de pago, del total de la deuda, 10,7 millones de euros obedecen a un 'crédito ordinario' que comenzará a pagarse desde la fecha de la autorización del juzgado, a partir del 1 de enero de 2011 a razón de 1.077.180 euros mensuales, y así durante nueve años más sin intereses, mediante 12 pagos mensuales para los 10 ejercicios.

Asimismo, 1.131.784 euros se abonarán a razón de un 'crédito privilegiado', es decir, en un plazo de 120 días contados desde la fecha de la autorización del juzgado, sin intereses y a partir de enero de 2011, mientras que el resto se pagará mediante un crédito subordinado --a partir del undécimo año sin intereses--.

No obstante, con independencia de estos 13,8 millones de euros, existe una deuda de 4.169.858 euros, denominada como 'crédito contingente', que se encuentra pendiente de resolución judicial y que "se ejecutará con estricta sujeción a las resoluciones judiciales que procedan".

LIBERALIZACIÓN DE LA AP-7

Por otra parte, el Ayuntamiento pidió al Ministerio de Fomento la liberalización del peaje de la autopista AP-7, a su paso por el núcleo poblacional de San Pedro Alcántara, con motivo de la operación salida Paso del Estrecho y ante los problemas de tráfico originados en la zona de las obras sobre del soterramiento.

"Hablamos de obra de gran calibre, en la que se preveía una interrupción muy importante del tráfico y donde el Ministerio de Fomento sabía que ese problema de retenciones se iba a incrementar con la Operación Paso del Estrecho, habiendo incluso mediciones que hablaban de la circulación de más de 60.000 vehículos diarios tanto en sentido Málaga como Cádiz", apostilló.

Así, afirmó que se trata de una medida "esencial" teniendo en cuenta que a los 35.000 habitantes que tiene San Pedro hay que sumar los numerosos turistas que visitan Marbella y que emplean la travesía para desplazarse.

En este sentido, el portavoz municipal lamentó "el agravio comparativo" de Marbella con respecto a otras ciudades españolas, ya que, según recordó, el Ministerio de Fomento "ha alcanzado negociaciones con otras concesionarias de autopistas para la liberalización de los peajes en otros municipios donde existían los mismos problemas que padecemos en San Pedro".

Por otra parte, la junta de gobierno local dio cuenta de la adquisición por parte del Ayuntamiento de un inmueble de 1.000 metros cuadrados en el edificio Feria, en relación con un convenio del año 1993 y que mediante la regularización urbanística del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ha permitido obtener un "resarcimiento" a la Corporación.

MEDIDAS SOCIALES

Por último, en materia social, el equipo de gobierno aprobó un convenio de colaboración con el Colegio de Abogados de Málaga para crear proyectos de asesoramiento destinados a discapacitados a través de cursos gratuitos online, que fomentarán el conocimiento de estas personas en materia de derecho. Así, se habilitará un enlace en la web de la Delegación de Bienestar Social.

Además, se dio luz verde a la propuesta a la Delegación de Bienestar Social de la Junta de Andalucía para obtener un compromiso de financiación para talleres dirigidos a personas mayores. En concreto, la cuantía del proyecto asciende a 90.000 euros, de los que el 50 por ciento será sufragado por el Ayuntamiento.

PUERTO LA BAJADILLA

Por último, preguntado por la reunión que mantuvo ayer en Sevilla el jeque de Qatar Abdullah Al-Thani con el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, para exponer algunos de sus proyectos de inversión en la región, el portavoz municipal exigió a la Junta que "no ponga pegas de ningún tipo" al proyecto de ampliación del puerto Marina-La Bajadilla.

"Si tenemos la posibilidad, queremos que no se pongan problemas y que haya una actitud proactiva por parte de la Junta de Andalucía, porque esto es bueno para Marbella, para Málaga y para Andalucía", subrayó Romero, quien recordó que se trata de una necesidad planteada desde hace más de 15 años y sobre la que se han producido "promesas continuas" por parte del Gobierno andaluz, por lo que confió en que "esté a la altura de las circunstancias".