La empresa no tenía que existir para adjudicarle el contrato, según el PP

princesa sánchez. Una empresa no tiene que estar constituida para adjudicarle un contrato público. «Un licitador puede presentarse como persona física, jurídica y con compromiso de creación de una persona jurídica». Lo permite la Ley de Contratos del Sector Público, según defiende el portavoz municipal de Marbella, Félix Romero.
La tercera opción fue la elegida por el hostelero Joaquín Sáez para presentarse a la adjudicación de tres locales públicos en el Puerto Deportivo de la ciudad. Posteriormente, se asoció al hermano de la edil de Puertos, Alicia Jiménez, y resultaron adjudicatarios. «A lo largo de la tramitación del expediente, esa promesa debe de sustanciarse», sostuvo Romero.
No obstante, esta figura suele darse generalmente en el caso de las Uniones Temporales de Empresa (UTE), especificó ayer a este diario Ana Rejón, sustituta del vicesecretario del Consistorio durante su período vacacional, que comenzó ayer y se prolongará hasta el próximo 20 de septiembre.
Rejón, al ser preguntada por esta cuestión, justificó desconocer el asunto en profundidad pero solventó algunas dudas técnicas, como el hecho de que el trámite se efectuara por vía de urgencia.

Trámite de urgencia
La junta de gobierno local aprobó el pasado 29 de junio la adjudicación definitiva de los locales, de 235 metros cuadrados y cedidos durante 17 años por 240.000 euros a la sociedad limitada Sersagim. El asunto se incluyó en el orden del día «por razones de urgencia», de acuerdo con el acta a la que ha tenido acceso La Opinión de Málaga. «Se hace constar que los mismos no han podido ser debidamente estudiados por el titular del órgano de apoyo ni por el secretario de la junta de gobierno local, ni por la Intervención, ni por el titular de la Asesoría Jurídica», establece el documento.
Esta aclaración no es más que «una coletilla», explica Rejón. Con ella, no se quiere decir que la adjudicación no esté debidamente informada, dijo. El Ayuntamiento respalda a la edil y reconoce que no se abstuvo durante el procedimiento porque «no existe incompatibilidad».