Nuevo revés para la regidora de Manilva

Antonia Muñoz, bajo sospecha en Manilva

A la denuncia por las presuntas irregularidades en la contratación se une un informe nada favorable a Muñoz

 02:50  
Antonia Muñoz frente a unas de los edificios municipales de Manilva.
Antonia Muñoz frente a unas de los edificios municipales de Manilva. La Opinión.
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Noelia Andrade Nuevo revés para la alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz (IU), a poco más de un mes para las elecciones municipales. A la denuncia del presidente del comité de empresa por las presuntas irregularidades en la contratación de personal se une ahora un informe del secretario municipal que no es nada favorable para la regidora.

En el informe, entregado al juzgado que investiga presuntas irregularidades en el Ayuntamiento, el secretario certifica que no hay constancia de procesos selectivos en la contratación de personal desde 2007, salvo los contratos temporales para impartir cursos o mantenimiento.

El coordinador provincial de Izquierda Unida, José Antonio Castro, ha asegurado que Antonia Muñoz dimitirá de su cargo si es imputada por algún delito de corrupción. Castro precisó que la regidora va a presentar un escrito a la organización «sin fecha» en la que presenta «su dimisión como concejala» y que no será efectivo hasta que la jueza que investiga este asunto le impute un delito «de los que tenemos incluidos en el código ético».

Contrataciones

El informe, que fue entregado el pasado 12 de abril, se realizó atendiendo al requerimiento efectuado por el juzgado el pasado 22 de febrero que solicita conocer el número de empleados contratados en Manilva y sus empresas desde 2007.

En este sentido, el secretario, Joaquín de Salas Vara de Rey, asegura en su informe que no se han realizado pruebas selectivas de personal desde 2007. En la documentación aportada al juzgado sobre el número de personas contratadas en el Ayuntamiento o en sus empresas aparecen los nombres de 16 de los 17 integrantes de la candidatura de IU a las elecciones municipales de 2007.

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona también requirió información sobre los pagos efectuados desde ese año por el Ayuntamiento a empresas de familiares de la alcaldesa a la que se le imputa un presunto delito contra la integridad de la administración pública.

En este sentido, el informe del secretario aborda los pagos efectuados a las empresas Carpintería Valentín, propiedad del marido de la alcaldesa; Muebles y Decoración Valentín, de la que la alcaldesa es administradora, y Excavaciones Salvador González Vázquez, de un primo hermano de la regidora.

El secretario señala que en los pagos realizados a las dos últimas empresas, por un importe que ronda los 600.000 euros, «no está acreditada la realización de publicidad ni de libre concurrencia ni la existencia de criterios de selección».
La alcaldesa Antonia Muñoz no quiso hacer declaraciones ayer a este diario.

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