La remodelación del puerto marbellí de La Bajadilla podría comenzar la próxima semana. Los tribunales ya le han dado vía libre a los licitadores –la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)– y a los adjudicatarios, el consorcio formado por una sociedades del jeque catarí propietario del Málaga Club de Fútbol, Abdullah Ben Nasser Al-Thani, y el Ayuntamiento de la ciudad.
Antes de empezar los trabajos, ambas partes deben firmar el contrato, un trámite pendiente desde mayo debido al retraso impuesto por tres escollos judiciales.
La unión temporal de empresas que perdió el concurso público ante la sociedad catarí, Marinas del Mediterráneo, mantiene tres contenciosos administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Alega irregularidades en la adjudicación.
El TSJA resolvió oficialmente el primer obstáculo este martes. Los magistrados desestimaron la suspensión de las obras que Marinas del Mediterráneo solicitaba como medida cautelar de uno de los tres pleitos planteados.
No habrá recurso de súplica
El Alto Tribunal resuelve en pieza separada. Por delante queda la resolución de tres juicios. Pero el comienzo de las obras ya no tendrá que esperar. Contra el fallo judicial, al que ha tenido acceso este diario, cabe recurso de súplica. Los demandantes tienen cinco días para presentarlo. Sin embargo, y según pudo saber La Opinión de Málaga, los litigantes ni siquiera lo plantearán. La resolución, para entonces, será firme.
El proyecto no tardará en reactivarse. La APPA, dependiente de la Junta de Andalucía, pide urgencia en la tramitación en un escrito planteado al TSJA, del que cuenta con copia este periódico, para impedir la suspensión cautelar de las obras mientras se resolvieran los juicios.
La administración andaluza calcula que el litigio puede prolongarse durante los próximos cinco años y que, en este tiempo, el retraso de los trabajos supondría unas pérdidas de 26,2 millones.
De suspenderse las obras, el consorcio adjudicatario perdería 8,5 millones por el coste de la oportunidad y la inmovilización del capital en el banco. Además de otros 7,6 por la pérdida de valor del proyecto, argumenta la Junta.
La administración dejaría de cobrar 5 millones de canon, uno al año, y se perderían otros 5 millones de retribuciones a los 41 futuros empleados de la instalación.
