JOSÉ TORRES
La Demarcación de Costas desestimó a finales del año pasado las alegaciones que los representantes de la duquesa de Alba presentaron en 2009 ante el expediente con el que se pretende recuperar el dominio público marítimo-terrestre que a día de hoy sigue ocupando el muro exterior de su vivienda Las Cañas, situada en la primera línea de la playa de Cortijo Blanco.
Más de dos años después de incoarse ese expediente, la desestimación podría haber supuesto el retranqueo del muro blanco en cuestión, pero los representantes legales de la duquesa han conseguido evitar la piqueta. Al menos por ahora, ya que han solicitado una concesión temporal del espacio ocupado. Tal y como apuntaba el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en aquellas fechas, esa tapia supone la invasión del dominio público en 32 metros cuadrados «correspondientes a un muro de obra con puerta de acceso y en zonas verdes –césped y palmeras– del inmueble».
Tras la apertura del expediente, Costas otorgó un plazo de ocho días para que los propietarios de los inmuebles afectados pudieran presentar por escrito «las alegaciones y pruebas que estimen convenientes en defensa de sus derechos». Esas alegaciones se presentaron pero finalmente no han fructificado, por lo que lo que comenzó siendo un expediente informativo podría convertirse e uno de carácter sancionador. De hecho, el BOP ya se refería entonces a que «se adoptarían las medidas necesarias para la recuperación posesoria del dominio público ocupado, entre las que se incluye el desahucio administrativo previsto en el artículo 10 de la Ley de Costas (data de 1988)».
La noticia, confirmada ayer por la Subdelegación del Gobierno de Málaga y fuentes de la propia Demarcación de Costas, parece que no implicará obras para el derribo parcial en la casa de verano que Cayetana Fitz-James Stuart posee en Marbella. Según ha podido saber La Opinión de Málaga, tras ser denegadas sus alegaciones, la duquesa ha solicitado una concesión para la aplicación de las disposiciones transitorias de la Ley de Costas. Se la concedan o no, las fuentes consultadas confirmaron que esa petición consigue dilatar el proceso administrativo.
El expediente abierto en 2009 afectaba al menos a otras 26 estructuras localizadas en Marbella. Entre ellas se encontraban propiedades del Ayuntamiento de Marbella, un conocido hotel del municipio o un chiringuito que llegó a ser precintado. En el primer caso, el BOP señalaba cómo el Consistorio ocupaba un dominio público marítimo-terrestre en la misma playa de Cortijo Blanco con un muro de obra de cerca de setenta metros cuadrados. Sobre el establecimiento hotelero se contabilizaban cerca de 670 metros cuadrados con una estructura de aluminio, terraza con zona de hamacas y zonas verdes, entre otros elementos, en la playa de Nagüeles.
Ese expediente fue uno de tantos que la Demarcación de Costas de la Costa del Sol inició aquel año con una exhaustiva campaña de inspección del litoral, la primera gran revisión de esta magnitud de los límites marítimo-terrestres definidos hace más de 32 años. Con ella, la administración pretendía y pretende corregir pequeñas invasiones del espacio público.
Cuando se hizo público el expediente a la duquesa, Costas elaboró 66 peticiones de información ante otras tantas violaciones de los límites. Tal y como aseguraban entonces desde la demarcación, ninguna afectaba a viviendas,sino a vallas, muros y algunos jardines, en zonas en las que había dudas. Ante éstas se pidió a los propietarios que justificaran la ocupación de espacio para corregir los límites. Las inspecciones comenzaron en Estepona a principios de 2009 y se extendieron por los municipios de Manilva, Marbella, Mijas y la propia Estepona.