La urbanización marbellí Jardines del Príncipe está en obras. El Ayuntamiento le ha otorgado a la promotora el permiso de construcción que necesita para terminar sus 86 apartamentos, situados en la avenida Jaime de Mora y Aragón, en plena milla de oro. Sobre el complejo pesa una orden de demolición.

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) lo incluye en su proceso de normalización de 16.500 viviendas irregulares. El gobierno municipal culminó el proceso al aceptar más de dos millones de euros en efectivo y 3.200 metros cuadrados de suelo por parte de los constructores, la empresa Coepro, a cambio de sacarlo del listado de casas ilegales. Pero el pleito sobre el futuro de este conjunto residencial aún permanece en los tribunales.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló en 2003 la licencia de obra otorgada por el gobierno del Grupo Independiente Liberal en 1999 a Jardines del Príncipe, lo que supone automáticamente una orden de derribo. El Tribunal Supremo desestimó posteriormente los recursos planteados por los promotores y confirmó la sentencia. Los vecinos de las urbanizaciones aledañas, que en su día denunciaron la obra, quieren volver al juzgado para exigir la demolición conforme a la sentencia judicial.

«La asociación de vecinos Arroyo Guadalpín ha decidido en asamblea general extraordinaria ejercer las acciones oportunas en defensa de sus derechos ante la decisión del Ayuntamiento de autorizar los trabajos de terminación de las obras de estos edificios», advirtieron ayer a través de una nota.

Precintada y deshabitada. Los apartamentos, que fueron precintados por la comisión gestora que gobernó la ciudad tras la disolución de la corporación municipal, están deshabitados. «Estamos inmersos en un contencioso contra el Ayuntamiento ante el Tribunal Superior de Justicia instando a la ejecución de la sentencia de demolición», indicaron los vecinos de Arroyo Guadalpín. Este proceso aún no está resuelto.

«La construcción y legalización de estos edificios es un grave atentado a uno de los parajes de más valor paisajístico y medioambiental de Marbella», recordó el colectivo. Los dos bloques que componen el complejo se asientan sobre una parcela destinada a viviendas unifamiliares.

«Nos sentimos engañados y abandonados por los dos grandes partidos políticos. Por el incumplimiento de sus promesas», afirmaron en referencia al pacto entre socialistas y populares para aprobar el planeamiento vigente que autoriza la legalización de este inmueble.

Fuentes municipales indicaron a este diario que la licencia de obra cuenta con todos los informes técnicos favorables puesto que es un complejo cuya normalización ya estaba prevista en el PGOU y fue posteriormente cerrada tras la negociación con la promotora.