Unos 30 jubilados extranjeros, en su mayoría británicos, se concentraron ayer ante la Delegación de Hacienda en Málaga. Denuncian ser víctimas de un fraude inmobiliario por el que temen perder sus viviendas situadas en la Costa del Sol, principalmente en Marbella, donde residen.

Los supuestos estafados presentaron un documento para informar a la Agencia Tributaria de su situación pero, sobre todo, para aclarar que no son cómplices. Acusan como presuntos autores de la estafa a una decena de bancos internacionales, muchos de ellos escandinavos, que operaron en España transitoriamente entre 2004 y 2009.

Querella. En noviembre de 2011, los afectados, constituidos en asociación de víctimas, interpusieron una querella ante la Audiencia Nacional por esta causa. El Alto Tribunal la desestimó al entender que no se había aportado «el mínimo argumento indiciario» y que el juzgado «carece de competencia para investigar los hechos denunciados». El despacho de abogados que les representa, Lawbird, lamentó la decisión del tribunal español y la comparó con el Gobierno de Dinamarca, donde tienen sede alguno de los bancos denunciados, que ha ordenado investigar los hechos.

Los manifestantes ayer portaban pancartas. «Danske Bank: defraudadores de impuestos españoles pero no conmigo», advertían. Danske Bank es una de las entidades bancarias que, según los querellantes, le ofreció un préstamo hipotecario sobre sus propios inmuebles, limpios de cargas económicas. Los denunciantes aseguran que los bancos les engañaron al convencerles de que la Agencia Tributaria les cobraría unos elevados impuestos a sus descendientes para poder heredar sus bienes en España. Con esta fórmula no sólo lo evitaban sino que se garantizaban una renta vitalicia.

A cambio, tenían que autorizar a los bancos a invertir los fondos obtenidos en productos financieros supuestamente «libres de riesgo», explicó Antonio Flores, titular del despacho, con sede en Marbella.

«La trama les estaba invitando a defraudar a Hacienda», indicó. Según los cálculos del letrado, el número de presuntas víctimas de esta estafa puede rondar las 800 y las cantidades defraudadas superan los 250 millones de euros. Entre 50 y 75 millones de euros del impuesto de sucesiones.