La toma de declaraciones en el juzgado de Instrucción número 4 de Marbella se alarga. Ayer declararon cinco de los seis querellados por un grupo de 40 extranjeros que les acusan de estafa y apropiación indebida. Entre los acusados se encuentra el propietario de la inmobiliaria MacAnthony Realty International, que tuvo sede en Marbella hasta 2010.
Darragh MacAnthony aseguró haber entregado todo el dinero que cobró a los supuestos afectados a la empresa que se encargaría de construirles los muebles. Unos objetos que pagaron por adelantado, hasta 600.000 euros en total, y que nunca recibieron, según sus abogados defensores de los extranjeros, en su mayoría británicos e irlandeses.
Los acusados «tendrá que acreditar que entregaron ese dinero», explicó a este diario Luis González, el abogado de los querellantes. «Reconocen haber recibido estas cantidades pero también aseguran haberlas transferido íntegramente a los fabricantes, sin cobrar comisión de ningún tipo», recalcó.
La jueza que instruye el caso está a la espera de escuchar la declaración que queda pendiente y de verificar la documentación que ahora deberán aportar los acusados para demostrar si efectivamente transfirieron estas cantidades, como aseguran.
«En cualquier caso, habría una negligencia importante por responsabilidad civil», señaló González. «Tenían que haber mostrado pericia para no entregar el dinero sin garantías», dijo.
Los hechos se remontan a 2005 y se prolongan hasta 2010, fecha en la que la inmobiliaria abandonó su sede marbellí, donde se efectuaron buena parte de las operaciones de compraventa que ahora se investigan.
La inmobiliaria les vendía viviendas, ubicadas en zonas como Turquía, Bulgaria o Cabo Verde. Asimismo, y les ofrecía la posibilidad de adquirir los muebles, que pagaban por adelantado.
Los querellantes se quejan de haber entregado una media de hasta 15.000 euros para adquirir sus muebles sin que por el momento tengan noticias de ellos.
Además, según sus abogados defensores, la empresa efectuó un cierre de hecho, al eliminar sus activos sin solicitar las auditorías correspondientes.
