Marbella tiene 354 proyectos sobre la mesa. Todas son iniciativas privadas que el Ayuntamiento ha recibido desde que el último Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) entró en vigor, el 21 de mayo de 2010. Una regulación que, a tenor de las cifras, ha animado la creatividad de los empresarios pero que, por ahora, no se ha traducido en ninguna inversión tangible.
Entre las ideas planteadas, hay todo tipo de equipamientos y desarrollos urbanísticos, según explicó a este diario el concejal de Urbanismo, Pablo Moro.
«Residencias de la tercera edad, hospitales privados, universidades, colegios internacionales, centros de alto rendimiento deportivo, parques tecnológicos, proyectos medioambientales, centros de ocio, comerciales y culturales...», enumeró el edil.
Los ideantes no sólo son españoles. «También nos han planteado este tipo de iniciativas inversores extranjeros», afirmó. El Ayuntamiento cuenta con una oficina específica para atender y solventar dudas a potenciales emprendedores en la ciudad.
La política municipal de Marbella a este respecto no sólo es pasiva. También activa. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, y algunos miembros de su equipo, como el concejal de Turismo, José Luis Hernández, viajan con frecuencia para dar a conocer las «ventajas» de la nueva regulación urbanística de la localidad y, con ello, atraer inversores.
En uno de los recientes viajes al Golfo Pérsico, la regidora negoció la implantación de una escuela internacional de negocios en el distrito de Nueva Andalucía.
La empresa promotora es Nest Investment Holding Limited. El Consistorio negocia la venta de 650.000 metros cuadrados de suelo para levantar esta dotación. No es el único equipamiento planteado. Ni mucho menos la única inversión prevista en el nuevo planeamiento que ordena el suelo en el municipio.
Inversiones previstas
El documento urbanístico en vigor calcula la necesidad de contar con 1.813 millones para levantar todos los edificios de interés público que requiere la ciudad. A la iniciativa privada le corresponde una inyección de 1.039 millones que los ciudadanos aguardan.
Las administraciones públicas tienen pendientes también de pago su parte. Al Gobierno central le corresponden más de 109 millones, los mismos que al propio Ayuntamiento que los va dedicando partida a partida a obras en sus presupuestos anuales.
Por su parte, la Junta andaluza le debe 565 millones en equipamientos al municipio. Una cantidad para la que cuenta, como las demás administraciones, con un mínimo de ocho años. Es la duración mínima prevista para desarrollar un PGOU de las características del de Marbella.
Más de dos décadas sin regulación y otros cuatro años de trámites han resultado en un planeamiento que no contenta a todos pero que, al menos, es un referente para los desarrolladores, confía el Ayuntamiento.
