El director de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, precisó ayer que la investigación abierta en relación al propietario de un ático de lujo en Marbella alquilado por el vicepresidente de Madrid, Ignacio González, no se centra en su persona sino en el inmueble.

«No hay una investigación por parte del Cuerpo Nacional de Policía al vicepresidente madrileño porque la denuncia se refiere al inmueble y no a una persona en particular», aseguró Cosidó a preguntas de los periodistas tras presentar la nueva estructura organizativa de la policía.

La investigación, de la que ayer informaban los diarios El Mundo y El País y que fue declarada secreta, fue abierta por orden de la Comisaría General de Policía Judicial y las pesquisas giran en torno a varias empresas.

Cosidó recordó que esta actuación se produce después de que un sindicato policial interpusiera una denuncia pública que, siguiendo el procedimiento habitual, fue registrada en las bases de datos de la policía y fue trasladada a la Fiscalía Anticorrupción y a pesar de que ésta ya contaba con la denuncia «por otro conducto».

En este sentido, reiteró que no tiene «constancia» de que se haya abierto ninguna investigación a González sino solo sobre una denuncia que se refiere al citado ático.

Con todo, Cosidó defendió «el cumplimiento estricto de la legalidad para aclarar los hechos con la máxima rapidez» y añadió que, una vez que haya sido aclarada la cuestión y si es necesario, se dará cuenta en sede parlamentaria.

El pasado mes de marzo, el diario El Mundo informó de que la policía estaba tratando de averiguar quién era el propietario de la vivienda que alquila González en la costa de Málaga y si podía ser el presunto pago de una comisión al vicepresidente madrileño por una compraventa de una finca en Arganda que aparece en el sumario de Gürtel. La policía negó entonces que existieran esas pesquisas, pero un mes después el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró que González había sido sometido entre finales de julio y principios de agosto de 2011 a una investigación «ilegal» que se cerró a principios de este año.