Isabel García Marcos, exteniente alcalde de Marbella y considerada el azote del fallecido alcalde marbellí Jesús Gil, se enfrentará a una petición fiscal de tres años de cárcel por una pieza separada de Malaya, la mayor trama de corrupción conocida en España.
En el banquillo también se sentará otro teniente de alcalde de Marbella (Málaga), José Jaén, las parejas de ambos y cuatro empresarios, según el escrito acusatorio, al que ha tenido acceso Efe.
La trama ideada consistía, según el fiscal, en ofrecer a empresarios que estuviesen interesados asesoramiento y mediación, gestionando sus necesidades para conseguir sus pretensiones a cambio de la pertinente retribución económica.
Los dos tenientes de alcalde presuntamente "garantizaban" a sus clientes con su servicio de consultoría el éxito del proyecto encomendado, "dada su privilegiada posición en el ente municipal".
Los servicios que prestaban eran muy diversos y variados y dependían de las necesidades de sus clientes, según se explica en el relato acusatorio.
Entre los servicios que prestaban estaba la redacción de escritos dirigidos al consistorio y a otras administraciones, recabar información sobre la configuración urbanística de los terrenos, gestionar modificaciones urbanísticas, rescatar concesiones administrativas, elaboración de proyectos de construcción e incluso participar en la venta de parcelas o de inmuebles ya edificados.
Para ello crearon la sociedad Icaria Málaga S.L. en la que sus cónyuges eran socios y "conocían perfectamente la finalidad perseguida", según la acusación pública.
El fiscal acusa a García Marcos y Jaén de un delito de cohecho pasivo y asesoramiento indebido y pide que sean condenados por el primero de ellos a tres años, multa de 120.000 euros y ocho años de inhabilitación, para cada uno de ellos.
Por el delito de asesoramiento indebido se les solicita nueve meses de multa con una cuota diaria de cincuenta euros y la suspensión de empleo o cargo público por dos años.
El marido de García Marcos y la exmujer de Jaén se enfrentan a una multa de 9.000 euros al ser considerados cooperadores necesarios del delito de asesoramiento indebido y los empresarios se pide penas que oscilan entre dos y tres años de cárcel.
El procedimiento será juzgado por un jurado popular aunque todavía no se ha fijado fecha para el juicio.
Actualmente, Isabel García Marcos está esperando conocer la sentencia del caso Malaya donde fue juzgada y por la que Anticorrupción pidió que fuese condenada a doce años de cárcel mientras que su defensa pidió la libre absolución.
