La Guardia Civil ha presentado un oficio en el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona (Málaga), que investiga la causa sobre las presuntas irregularidades en la gestión del Ayuntamiento de la localidad malagueña de Manilva, en el que se solicita una investigación patrimonial sobre la alcaldesa, Antonia Muñoz, que hace una semana abandonó IU, pero no su cargo, y algunos familiares, así como respecto a varias sociedades.
Esta petición es una de las últimas realizadas por los especialistas de Delitos contra el Patrimonio de la Policía Judicial de la Guardia Civil dentro de la investigación que se viene desarrollando desde hace años por presuntos delitos contra la Administración en relación con el Ayuntamiento de Manilva, causa de la que se encarga dicho juzgado.
Los investigadores explican en uno de sus oficios, remitido a la autoridad judicial el pasado mes de mayo y al que ha tenido acceso Europa Press, que entre los hechos denunciados están las presuntas irregularidades del Ayuntamiento en materia económica, en concreto, por la contratación de obras y servicios, ya que, supuestamente, se habrían adjudicado trabajos a empresas vinculadas a miembros del Gobierno local.
Así, según se precisa, por parte de la Guardia Civil ya se ha hecho un estudio previo de la situación patrimonial de varias personas, como son la regidora, su marido, un primo y la esposa de éste, "habiéndose observado indicios racionales en relación con la existencia de un patrimonio excesivo por parte de ciertos investigados, así como la posible utilización de fondos públicos de forma irregular".
En el caso de la alcaldesa, según constan los datos del catastro, tenía en octubre de 2011, bien al 100 por cien o bien al 50 por ciento con su marido, varias propiedades, "siendo su valor catastral de 988.584 euros", según se indica en el oficio de los agentes, en el que se pide también información tributaria sobre operaciones, cuentas bancarias y otros datos de expedientes fiscales desde junio de 2007.
Los investigadores creen que se debería contar con el auxilio de la Agencia Tributaria. La jueza, en una providencia, dice que se dé traslado de esta petición al secretario del juzgado para que "proceda a la investigación patrimonial" de las cuatro personas y ocho sociedades, aunque, según fuentes judiciales, la investigación no se ha iniciado al haberse dado traslado al fiscal por si insta otras actuaciones.
En esa misma providencia, la instructora de la causa pide al Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y la Diputación, según el caso, documentación de sociedades sobre su patrimonio, pagos realizados por el Consistorio, justificación de fondos y contrataciones. También se pide a la Tesorería de la Seguridad Social datos laborales de 27 personas y altas y bajas de empleados de cuatro sociedades desde junio de 2007.
Investigación sobre los contratos laborales
Otra de las principales líneas de investigación que sigue la Guardia Civil es sobre supuestas irregularidades en la contratación laboral desde que el equipo de gobierno tomó posesión en 2007, las cuales en algunos casos tendrían vinculación con responsables municipales o de IU. Así, en varios informes, que suman más de 500 folios y remitidos al juzgado el pasado mes de mayo, se detallan los documentos aportados y se analiza dicha documentación.
A juicio de la Guardia Civil, con las comprobaciones realizadas a través del análisis de documentos que han sido aportados a la causa por los denunciantes y de informes de la interventora y del secretario, "se llega a la conclusión de que existen indicios racionales que hacen sospechar que se ha realizado un considerable número de contratos de trabajo que, al parecer, han sido formalizados sin tener en cuenta los preceptos legales".
Asimismo, en otro documento se apunta que "llama poderosamente la atención que durante el análisis de la documentación relativa a las incidencias de las nóminas conste que algunos empleados han percibido compensaciones económicas por haber realizado más de 24 horas extras --normales o festivas-- durante el mismo día".
