La Fiscalía Provincial de Málaga pide diecisiete años y medio de cárcel para el dueño de un cortijo de San Pedro de Alcántara que acabó, de un disparo en la cabeza, con la vida de un joven marroquí que trató de robarle hojas de marihuana que el primero cultivaba en sus tierras. Además de la pena de prisión, el fiscal solicita una indemnización para la familia del fallecido de 100.000 euros.

Según consta en la calificación fiscal, a la que tuvo acceso en exclusiva La Opinión de Málaga, pasada la medianoche del 10 de octubre de 2011, el menor T. A. «se introdujo en la finca El Potril, ubicada en la zona Salto del Agua», en San Pedro Alcántara, donde vivía el acusado P. N. G.

El fiscal considera, en sus conclusiones provisionales, que el joven magrebí, de sólo 15 años, trató de «coger hojas de marihuana que el acusado había cultivado allí».

Al percatarse de ello, el procesado, de 61 años y sin antecedentes penales, «cogió una de sus escopetas, en concreto el arma de marca Franchi con número de serie 5.094.392, de calibre 12-70, de la que posee la correspondiente licencia».

El dueño de la finca cargó su arma con cartuchos de la marca GB Super Rapid y «salió al encuentro del menor con la intención de acabar con su vida». Así, sin posibilidad de defensa alguna para el pequeño, «efectuó un disparo apuntando a la cabeza del menor, lo que le causó heridas en el cuello y en la cabeza», relata el representante de la acusación pública en su escrito, remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella.

El menor murió en el acto, ya que sufrió una «hemorragia intracraneal al atravesar cinco perdigones su cráneo», dice el acusador público basándose para ello en las conclusiones de la autopsia efectuada por los forenses del Instituto de Medicina Legal.

A continuación, el acusado, con el fin de ocultar lo que había hecho y evitar así a la policía, «trasladó el cuerpo del joven a bordo de su coche, hasta un terreno ubicado en el margen derecho del río Guadaiza, donde dejó el cadáver», apunta el fiscal.

En el momento de los hechos, el joven contaba con 15 años y, aunque tenía padre y madre, vivía bajo el cuidado de su hermanastra, hija de su progenitor.

El fiscal recoge en sus conclusiones provisionales, en las que pide la apertura de juicio oral contra el dueño de la parcela, que éste consignó el 25 de julio de 2012 un total de 100.000 euros que le habían sido exigidos judicialmente como fianza para asegurar el pago de la indemnización a los perjudicados y demás gastos que pudieran decretarse en este procedimiento.

Los referidos hechos han sido calificados por la Fiscalía Provincial de Málaga como un presunto delito de asesinato, en el que concurre la circunstancia de responsabilidad criminal atenuante de reparación del daño causado.

Por el delito, el fiscal reclama 17 años y seis meses de prisión, la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y el comiso de la escopeta, así como que indemnice a los familiares del fallecido en 100.000 euros.

El juicio se celebrará ante el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial, aunque aún no tiene fecha. La vista oral arrancará con la declaración del acusado y han sido citados tres policías nacionales que participaron en la inspección ocular de la zona en la que se halló el cuerpo, dos vecinos y dos familiares del joven asesinado.

Asimismo, luego comparecerán dos forenses del Instituto de Medicina Legal de Málaga encargados de realizar la autopsia al cuerpo del joven asesinado.