­El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Marbella anunció ayer que llevarán al pleno del 31 de enero una moción en la que solicita el cambio de criterios en la oferta pública de nueve plazas de agente de la Policía Local en el municipio.

Según la coalición de izquierdas, las oposiciones que el PP ha anunciado que van a reanudar cuentan con dos inconvenientes legales. Por un lado, según IU ya ha expirado el plazo legal de tres años en el que tiene que resolverse cualquier oposición, ya que el proceso se inició en 2010. Por otro, las bases que rigen la convocatoria limitan a 35 años la edad de los aspirantes, cuando por resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía una persona puede concurrir a una plaza de agente de policía local hasta diez años antes de su edad de jubilación.

IU pide que a los más de 1.300 aspirantes a los que se les aceptó la inscripción en el proceso iniciado en 2010 se les respete la solicitud y las tasas abonadas o, en su defecto, se les reintegren las sumas pagadas, y que se abra el proceso para que pueda concurrir el resto de ciudadanos que lo deseen y que cumplan con los requisitos que fija la actual legislación.

Los concejales de IU consideran que se trata de la única oferta pública de empleo que se va a producir en el municipio y debe hacerse con todo el rigor legal y garantizando que todos los vecinos que tengan la capacitación necesaria puedan concurrir en igualdad de oportunidades.

Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero, aseguró que «el procedimiento de las oposiciones a la Policía Local se ajusta perfectamente a la legislación pues cuentan con una resolución de un tribunal de lo contencioso administrativo que da la razón al Consistorio en el límite de edad». En relación al otro inconveniente planteado por IU sobre el plazo de tres años desde que se inició el procedimiento, el concejal señaló que «en su día se presentaron las solicitudes de los aspirantes y, por tanto, no tiene que ajustarse a este requerimiento».

Para Enrique Monterroso, de Izquierda Unida, esta no es la única crítica sobre la gestión del Ayuntamiento en materia laboral pues, según denunció, se ha tenido que pagar una multa de 150.000 euros por incumplir la ley con la contratación de socorristas».