El proyecto de ampliación del puerto de La Bajadilla en Marbella sigue creando polémica en el municipio. El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Marbella, José Bernal, exigió ayer a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que comparezca para dar explicaciones por el retraso en la presentación del proyecto de obra para la ampliación del puerto de La Bajadilla, lo que ha provocado que la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) haya anunciado que multará con 50.000 euros a la empresa concesionaria de las obras.
La adjudicataria es la empresa Nasir Bin Abdullah & Sons, del jeque catarí Abdullah Al-Thani, participada de forma testimonial por el Ayuntamiento de Marbella. Por ello, Bernal pide al equipo de gobierno que explique qué está sucediendo con la ampliación.
«El Ayuntamiento entró a formar parte de esta Unión Temporal de Empresas (UTE) adjudicataria con un 3% sin consultar a la ciudadanía, sin que el pleno del Consistorio lo haya decidido, ni tampoco el consejo de administración de la empresa pública Puerto Deportivo de Marbella» señaló Bernal.
El portavoz del PSOE recordó que desde hace tres años se están produciendo «retrasos y promesas incumplidas» y a día de hoy «no se sabe si el jeque tiene intención o no de llevar a cabo las obras». En este sentido, el PSOE tiene previsto elevar al pleno de febrero este asunto para escuchar las explicaciones públicas de la alcaldesa.
«El problema de esta multa es que no solo se está interponiendo contra el jeque Al-Thani, sino también contra el Ayuntamiento de Marbella y, por tanto, a todos los ciudadanos, como socios del jeque», manifestó Bernal.
Por su parte el equipo de gobierno instó ayer al PSOE de la localidad a que «exija esas explicaciones a la Junta de Andalucía» pues. Según el PP, «el Gobierno autonómico es el que gestiona directamente el proyecto».
Al concesionario de los trabajos le queda una semana para presentar alegaciones antes de que esta multa de 50.000 euros sea firme. La decisión de la APPA llega tras el expediente de sanción abierto en diciembre de 2013 donde ya se le advertía de esta medida.
La empresa del jeque alegó que se encontraba trabajando en el proyecto, argumento que no ha convencido a la Junta de Andalucía ya que, según la APPA, «esa licitación se tenía que haber hecho en enero de 2012, por lo que se produce un retraso de dos años».
