Los portavoces del equipo de gobierno de Marbella, Javier Porcuna (PSOE) y Miguel Díaz (IU), pidieron en el pleno de este viernes al Gobierno central «voluntad política» para que los fondos que se recuperen del caso Malaya retornen al municipio.

Ambas peticiones se produjeron durante una moción en la que el PSOE pidió que en los Presupuestos Generales de 2016 se contemplen partidas extraordinarias para Marbella por el mismo valor que los ingresos que la Hacienda Pública logró mediante las multas de las sentencias de casos de corrupción que afectan al municipio.

La Corporación aprobó por unanimidad la moción y rechazó, con los votos del PSOE, IU, Opción Sampedreña y Costa del Sol Sí Puede, la marca local de Podemos, una enmienda en la que el PP pedía a la Junta de Andalucía un plan de inversiones de 40 millones en el municipio.

Porcuna aseguró que es la «voluntad política» del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la que «puede definir que el dinero que pertenece a Marbella vuelva aquí».

«Hemos oído muchas excusas a propósito de la imposibilidad legal de que muchos millones de euros impuestos como multas vuelvan a Marbella», agregó Porcuna, señalando que es «ahora», que se están tramitando las cuentas generales del próximo ejercicio, cuando «el Gobierno de Rajoy puede devolver el dinero necesario para cubrir el déficit económico y estructural y que la ciudad siga hacia delante».

Por su parte, el portavoz de IU, Miguel Díaz, aseguró que la «voluntad política puede perfectamente habilitar que las cuantías que se recuperen en multas vengan a Marbella vía una ley de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado».

«Si fuimos los primeros en sufrir la sangría de la corrupción, también seamos ejemplares en poner medidas correctivas», indicó Díaz, que habló de «atraco» y «expolio» al municipio y que cifró en 770 millones la cuantía de las multas que ratificó el Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo sentenció en julio que los fondos que recaudara la Justicia en el Caso Malaya revertieran en las arcas del Gobierno central y no en las del Ayuntamiento de Marbella, como dictaminó la Audiencia Provincial de Málaga.