Si hace apenas un mes y medio, Juan Antonio Roca, exasesor de Urbanismo de Marbella, vio cómo el Supremo le incrementaba de 11 a 17 años la pena por el caso Malaya, ahora puede comprobar cómo la Fiscalía Anticorrupción le pide ocho años de prisión, el pago de 871.466 euros, y el abono conjunto y solidario con al abogado José Luis Sierra, de 455.437 por el caso de la planta desaladora de Marbella. El juicio se celebrará los días 21, 22 y 23 de diciembre en la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga.
José Luis Sierra, quien fuera el jurista que dio forma a las sociedades municipales marbellíes que sirvieron para eludir los controles legales y administrativos y mano derecha del entonces alcalde, Jesús Gil, sufre, según Anticorrupción, «un deterioro cognitivo severo por una demencia derivada del alzheimer, de forma que no es consciente de sus actos». «Se halla en una situación de demencia sobrevenida a la comisión de los hechos que se le imputan», dice Anticorrupción. Éste se juega seis años de cárcel por malversación. A Roca, además de este último delito, se le endosa uno de prevaricación administrativa.
El fiscal dice que, después de que Gil asumiera la alcaldía en junio del 21, se maquinó en la corporación, y se ejecutó, «un procedimiento de huida del Derecho Administrativo», lo que ejecutaron el regidor y sus colaboradores más cercanos, «elegidos en base a criterios de confianza y con un incumplimiento sistemático, injustificado y deliberado de la norma de contratación». El acusador habla de confusión entre lo público y lo privado.
Para ello precisamente se crearon las sociedades municipales, «una organización paralela». Esta forma de actuar se extendió al periodo en el que Gil presidió la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Roca, por su parte, ejercía de facto «la jefatura del Ayuntamiento de Marbella y de sus sociedades». Era gerente, además de Planeamiento 2000, de Mancosol Urbanismo.
En 1995, la situación de «pertinaz sequía» obligó a construir una planta desaladora en Marbella. Así, se contrató a la empresa Decosol para su construcción, el 27 de diciembre de ese año, de forma que el contratista financiaría los trabajos a cambio de un canon de inversión. Antes, había que expropiar los terrenos y nombrar una dirección facultativa que se hiciera cargo de la obra, que acabó el 28 de abril de 1997.
En el proceso de contratación administrativa y control contable «se produjeron graves incumplimientos de la norma». En total, eran siete las parcelas a expropiar, tarea que se delegó en Roca, pero «no se concluyeron los expedientes expropiatorios y, en algún caso, ni tan siquiera se iniciaron, pese a haberse ocupado por la vía de hecho los terrenos, sin que se abonara justiprecio alguno a los propietarios». Decosol abonó a Planeamiento 2000 150 millones de pesetas a través de cheques para pagar las expropiaciones, pero Roca, «en su condición de gerente, y guiado de ánimo de haber cosas de ajena pertenencia, lejos de cumplir su encargo y de dar a las cantidades ese destino, hizo suyos 145 millones de los 150 que recibió, y los incorporó a su patrimonio», asegura la Fiscalía.
Por otro lado, pese a que se trataba de una construcción que requería de una empresa especializada, Gil encomendó su dirección a Acosol, obviando a Decosol, para detraerle «el control sobre los trabajos para gestionar directamente los pagos». Así, a través de una sucesiva cadena de subcontrataciones en la dirección de la obra, se hizo depender de una mercantil privada, Aragall Hispania, la certificación de la obra, excluyendo de cualquier posibilidad «de fiscalización pública las cantidades que la adjudicataria Decosol facturara a la Mancomunidad por la obra».
«Fue este mecanismo, la adjudicación irregular y directa de la dirección técnica de una obra pública a una empresa privada, el que permitió que Gil, Roca y Sierra desviaran 75.780 millones de pesetas, destinados al abono de la dirección de las obras, a manos de José Luis Sierra Sánchez, quien los hizo efectivos a través de varias sociedades interpuestas del mismo, destino en el que acabaron los fondos públicos referidos», precisa la Fiscalía.
Roca, por su parte, «de forma manifiestamente injusta, resolvió adjudicar la dirección de obra a la empresa Aragall Hispania», sociedad que, a su vez, inyectó mediante cheques la suma citada a mercantiles vinculadas a Sierra. De hecho, una de ellas tenía como administradora a una abogada que trabajaba para él en Madrid y la otra tenía en el mismo cargo a su mujer. Estas vías indirectas le permitieron a Sierra hacerse con ese dinero, gracias a la colaboración de Roca, asegura Anticorrupción.
