­El alcalde de Marbella, José Bernal (PSOE), denunció ayer que el anterior equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento «dejó que prescribieran multas urbanísticas por valor de nueve millones entre 2009 y 2011», por lo que ha trasladado los hechos al ministerio fiscal y al juzgado de instrucción por si fueran constitutivos de delito.

Los impagos, ya prescritos, se produjeron después de que el Ejecutivo local del PP «dejara sin firmar los decretos que sancionaban procedimientos urbanísticos irregulares», según Bernal. El regidor explicó que los decretos que no se rubricaron fueron elaborados por los instructores de procedimientos, «acompañados por las correspondientes propuestas de resolución y se elevaron a los responsables políticos para que los firmaran, pero se devolvieron sin sancionar».

«La no firma de los decretos ha privado al Ayuntamiento de más de nueve millones en detrimento de los infractores contra la ordenación urbanística al no poder detraerles las multas», lamentó Bernal, que no reveló los nombres de los beneficiarios de los impagos, pero indicó que «en algunos casos se repiten ciertas empresas».

El Consistorio marbellí ha detectado además que, entre 2011 y 2015, «el gobierno del PP dejó de impulsar 985 procedimientos sancionadores, de los 1.636 que se abrieron, un 60 por ciento del total».

De ellos, la mayor parte de los expedientes que no se ejecutaron se concentró en los dos últimos años del mandato. En 2015, año electoral, «el PP impulsó cinco procedimientos de 278», dijo Bernal. «No sabemos los criterios que se siguieron para impulsar o no los procedimientos. Encontramos procedimientos de hace cinco años que no se inician, pero otros de pocos meses que sí. Criterio de antigüedad tampoco hay, ni por cuantía económica. Hay sanciones de baja cuantía para la que la anterior Delegación de Urbanismo fue dura y sanciones millonarias que se dejan prescribir. El único criterio era discrecional», explicó el alcalde.

La Delegación de Urbanismo investiga cuántos procedimientos de los 985 que no se ejecutaron en el anterior mandato han prescrito, lo que elevaría la cuantía que habría dejado de ingresar el Consistorio.

La asesoría jurídica del Ayuntamiento de Marbella está tratando de profundizar en la investigación. «El municipio no puede perder un euro más por procedimientos que no se han impulsado o se han dejado prescribir», manifestó el regidor, quien señaló que el objetivo prioritario es determinar qué expedientes no han prescrito aún para poder cobrarlos.

Bernal aseguró que la entonces máxima autoridad política, en referencia a la exalcaldesa Ángeles Muñoz, «tendría que conocer lo que estaba ocurriendo para dejar de percibir cantidades millonarias».

El regidor socialista también extendió la sospecha sobre el exconcejal de Urbanismo Pablo Moro, al que responsabiliza de no firmar los decretos sancionadores, y sobre el entonces responsable de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, Enrique Sánchez. «Había otras personas involucradas que tenían conocimiento de que los funcionarios les trasladaban esta situación y que, parece ser, no hicieron absolutamente nada», manifestó el regidor, que piensa depurar todas las responsabilidades.