Reacciones al varapalo judicial

Marbella vuelve al plan del 86 para evitar la parálisis que temen los empresarios

El alcalde cree que la anulación del PGOU es una cuestión de Estado y ya trabaja con la Junta en buscar un marco que permita a la ciudad seguir desarrollando su urbanismo

07.11.2015 | 12:34
Imagen aérea de Marbella, ciudad que ha visto cómo el Supremo anula su PGOU de 2010.

Reacciones

  • Ayuntamiento
    «Vamos a defender a los vecinos que compraron viviendas de buena fe para darles la máxima protección posible. Ellos son el eje principal de las actuaciones que llevaremos a cabo», aseguró ayer en rueda de prensa el alcalde de Marbella, José Bernal, quien añadió: «No se va a paralizar el urbanismo en el municipio».
  • PP
    La presidenta del PP y exalcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ofreció ayer «responsabilidad, lealtad y colaboración». «Se antepone cualquier interés al interés general; va a ser nuestra prioridad absoluta y estamos por encima de discrepancias políticas porque está en juego el patrimonio de muchas familias y el futuro de Marbella», señaló.
  • Costa del Sol Sí Se Puede
    Podemos (en Marbella es Costa del Sol Sí Se Puede) considera que ahora hay una oportunidad para cambiar el modelo urbanístico de la ciudad y redactar otro plan. Responsabilizó al PP y «a la negligencia» de sus ocho años de gobierno», y aseguró: «Es el momento de una nueva revisión que realmente se ajuste a los derechos y necesidades de los vecinos».
  • Mijas
    El Ayuntamiento de Mijas, gobernado por Ciudadanos y el PP, advirtió ayer de que la anulación del PGOU podría repercutir «negativamente» en la economía de los municipios de la Costa del Sol. Eso sí, transmitió un mensaje de tranquilidad a los vecinos.
  • Junta de Andalucía
    El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, José Fiscal, señaló que su departamento ya está en contacto con el Ayuntamiento de Marbella para ayudarlo y que trabajan en la búsqueda «inmediata» de un marco que permita cierta seguridad.
  • Gobierno
    «La anulación del PGOU de Marbella y del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental es una doble mala noticia. Deseo una reacción rápida y eficaz», dijo el delegado del Gobierno de Andalucía, Antonio Sanz.
  • Empresarios marbellíes
    El presidente de la Asociación de Empresarios y Profesionales CIT Marbella, Juan José González, llamó a «aprovechar la ocasión para hacer un buen instrumento para el desarrollo urbanístico de la ciudad lo antes posible».
  • Constructores
    El presidente de la ACP de Málaga, Emilio López Caparrós, mostró su enorme preocupación por lo sucedido. «Suponen las sentencias un durísimo golpe a la recuperación del sector, cuyo epicentro está muy focalizado en Marbella: siembran inquietud entre los promotores», aclaró, y añadió: «Esto supone un vacío legal que afectará a la confianza de los inversores nacionales e internacionales que tras largos años volvían a ver a la provincia como un destino seguro para invertir».
  • Urbanizadores
    El presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial, Ricardo Arranz, calificó las sentencias del Supremo como «un jarro de agua fría». Además, cuestionó al estudio de arquitectura que se eligió para elaborar la revisión, el cual «nunca entendió lo que era Marbella y su desarrollo». «Al final fue un desatino de toma de decisiones aceptadas por el Ayuntamiento que filtró el plan. Prácticamente no ha habido ninguna gestión porque el plan era ingestionable». «Esto es una irresponsabilidad de funcionarios y políticos».

Los promotores creen que el fallo genera "incertidumbre", alertan de un posible parón en las inversiones y reclaman la búsqueda conjunta de soluciones.

Marbella vive estos días una triste paradoja después de que el Tribunal Supremo haya anulado el PGOU de 2010: por un lado, su alcalde, José Bernal, niega que el urbanismo de la ciudad vaya a quedar paralizado y, para reforzar su mensaje de seguridad jurídica a los inversores, asegura que va a aplicar el plan del 86; por otro lado, los empresarios, los promotores y constructores de la provincia temen, precisamente, que las inversiones inmobiliarias que hay en marcha se paren en seco.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento, integrado por PSOE, IU y Opción Sampedreña, negó ayer que el urbanismo vaya a quedar paralizado, y José Bernal consideró la anulación como «una cuestión de Estado», por lo que esperó una respuesta conjunta y aseguró que va a trabajar codo con codo con la Junta.

Ahora, se están analizando las tres sentencias y los servicios jurídicos municipales tratarán de subsanar los errores que ha señalado el Supremo, por lo que descarta hacer un nuevo plan, de momento.

El Supremo señaló que no correspondía al ámbito potestad de planeamiento «modular la legalización de lo ilegalmente construido», que el PGOU carecía de informe medioambiental y de sostenibilidad económica. El regidor transmitió «estabilidad y tranquilidad» y aseguró que las licencias ya dadas se ajustan a derecho y son firmes.

El plan supuso la legalización de 16.500 de las 18.000 viviendas ilegales de la época de Jesús Gil, y uno de los aspectos más importantes es que no tendrían validez las compensaciones realizadas, por lo que el Ayuntamiento va a preguntar qué pasa con los compradores de buena fe.

La edil de Urbanismo, Isabel Pérez, indicó que, mientras se subsanan las deficiencias, se podrán seguir tramitando licencias y desarrollando terrenos que se ajusten al PGOU del 98. Las compensaciones ya realizadas, tanto urbanísticas como económicas, «son actos administrativos firmes», y no hay que devolverlas.

El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, aseguró que su departamento ya está ayudando al Consistorio para dar seguridad jurídica. De hecho, se está haciendo una búsqueda «inmediata» de un marco para que Marbella pueda seguir desarrollando su urbanismo.

La presidenta del PP y exalcaldesa, Ángeles Muñoz, ofreció «responsabilidad, colaboración y lealtad» al alcalde, recordó que el plan de 2010 fue redactado por la Junta tras asumir las competencias urbanísticas, aseguró que ahora es el momento de los técnicos municipales y de los funcionarios y ofreció un posible camino: la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA) tiene capacidad para dar solución transitoria a esta situación de anulación de la revisión.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, tachó ayer de «doble mala noticia» la anulación del PGOU de Marbella y la del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental, y deseó que haya una «reacción rápida y eficaz».

Sanz señaló que sobre esta cuestión «no cabe confrontación ni es el momento de buscar culpables», sino de «sumar» y de que se reaccione de manera positiva para dar una solución a muchas familias.

Los empresarios, promotores y constructores pidieron ayer también calma y consenso, pero no ven las cosas tan claras. El presidente de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), Emilio López Caparrós, mostró su preocupación por los fallos del Supremo. «Han supuesto un durísimo golpe a la tímida recuperación del sector, cuyo epicentro está muy focalizado en Marbella».

Asegura la ACP que la anulación del PGOU y del otro documento va a generar un vacío legal que afectará a la confianza de los inversores nacionales e internacionales, que ahora veían a la Costa del Sol como un lugar seguro para invertir. «No es momento de buscar culpables, sino de unificar los esfuerzos de todos para dar una respuesta inmediata al problema», aclaró.

La secretaria general de la ACP, Violeta Aragón, indicó a este periódico lo siguiente: «La propuesta es que nos unamos todos para buscar una solución ágil y rápida para dar seguridad a los proyectos que hay en marcha y que se van a paralizar». No habló de las licencias de obra ya otorgadas, sino de la gente que «ha comprado ya suelo y ya ha hecho la inversión».

El presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial, Ricardo Arranz, aseguró ayer que las tres sentencias por las que se anula el PGOU de 2010 suponen «un jarro de agua fría» para Marbella y llamó a la unión de las instituciones. «Era una cosa que se veía venir, ya que el plan tuvo más de 18.000 alegaciones y se hizo sin consultar al sector empresarial y a escondidas». Incluso, cuestionó al estudio de arquitectura que se eligió para elaborar la revisión, «el cual nunca entendió lo que era Marbella y su desarrollo».

«Al final fue un desatino la toma de decisiones aceptadas por el Ayuntamiento que firmó el plan», lamentó, y pidió a la Junta que asuma su responsabilidad. Endosó la responsabilidad de lo ocurrido a la «irresponsabilidad» de los políticos y de los funcionarios. «Es vergonzoso», aseveró.

El presidente de la Asociación de Empresarios y Profesionales CIT Marbella, Juan José González, consideró que Marbella no puede quedarse «estancada» tras las sentencias del Supremo, y reconoció que las mismas van a suponer «una serie de situaciones que van a entorpecer el desarrollo urbanístico», dado que se vuelve al plan del 86, poniendo en entredicho «todo lo que se ha hecho en base al plan actual». Así, indicó que esto genera «incertidumbre» y puede paralizarse la inversión hasta que se aclare.

Estancamiento. «La ciudad no puede estancarse por un inconveniente como este y tenemos que mirar hacia adelante», precisó, para agregar que «si todos remamos en la misma dirección, podemos tener un nuevo plan en un tiempo razonable».

En su opinión, el camino marcado por el Supremo es claro: hacer un nuevo plan. «Todos sabemos que el PGOU de 2010 era de muy difícil gestión y sus autores no pensaron en beneficiar a la ciudad, sino más bien en hacer un instrumento que de alguna manera legalizase o subsanase los problemas anteriores», declaró.

Manuel González Fustegueras, el redactor del plan, defendió ayer que este era «oportuno, legal y bueno». «Tengo la sensación de que o bien en Marbella no ha pasado nada o hay que tirar más de 16.000 casas», dijo, y aseguró que los mecanismos para regularizar 16.500 viviendas «se ajustaban al modelo de territorio que se estaba proponiendo en general para Marbella, no era por la cara». Sobre las 16.500 casas irregulares para las que el documento establecía la normalización a través de compensaciones, Fustegueras advirtió: «Ahora están en una situación mucho peor que con el plan».

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