Urbanismo

Juristas instan a Marbella a hacer un PGOU mirando al futuro

Afirman que hay que respetar los derechos adquiridos por los propietarios TSJA

13.11.2015 | 05:00
Agustín Azparren, Jorge Muñoz, Carlos García-Manrique y Vicente Morató.

Expertos juristas han defendido que la localidad de Marbella aproveche la anulación que ha hecho el Tribunal Supremo (TS) del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010 del municipio para elaborar otro planeamiento con el que el municipio pueda "mirar al futuro".

El magistrado en excedencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) Jorge Muñoz ha señalado, durante una ponencia de juristas que se ha celebrado este jueves en la localidad, que las dotaciones e infraestructuras públicas que sean exigibles en el próximo PGOU serán aquellas que hagan falta para el futuro desarrollo del municipio.

"Hay que aprobar un plan sin mirar al pasado, sin mirar a las infracciones urbanísticas que se hubieran cometido, sino a las necesidades futuras de la ciudad. Es lo que apunta el TS", ha indicado.

El jurista ha destacado que una de las "circunstancias materiales" que ha llevado al TS a suspender el PGOU ha sido el hecho de que el Consistorio "se excedió en una visión demasiado recuperadora respecto a lo que ocurrió en los años anteriores a 2010", ha señalado, en alusión a la época de gobierno del exalcalde Jesús Gil.

"Se ha tratado de utilizar el PGOU para recuperar las dotaciones públicas que, presuntamente en unos casos y realmente en otros, no se exigieron en su momento", ha agregado.

El fallo del TS también emplaza a la Junta de Andalucía como al Ayuntamiento la necesidad de respetar los derechos ya adquiridos de los propietarios, ya que "no se pueden imponer nuevas cargas a los propietarios cuando éstos ya tenían una situación de suelo urbano consolidado", ha manifestado.

"Si hay que apreciar la necesidad de nuevas dotaciones, no deberá ser a cargo de ellos", ha indicado Muñoz, que ha añadido que esta circunstancia "sembrará tranquilidad en el mercado inmobiliario".

"En ningún caso, situaciones consolidadas podrán ser revisadas degradando derechos ya adquiridos por los propietarios", ha agregado.

De este modo, ha emplazado al Ayuntamiento que no se convierta en "juez y parte" en la identificación de las pautas de la regularización de las anteriores situaciones declaradas ilegales. "Tiene que hacerse a través del oportuno órgano judicial que resuelva las medidas necesarias para mantener las edificaciones y regularizarlas, pero no exclusivamente a través de un plan cuya finalidad es regularizar situaciones", ha señalado.

También ha asegurado que es "lógica" la preocupación que, a su juicio, sienten los operadores jurídicos y económicos del municipio ya que la anulación de "un instrumento fundamental para la vida pública y privada de un municipio tiene una trascendencia enorme".

"Debemos tener en cuenta el currículum de la ciudad y cómo se asocia el urbanismo a patologías que se tenían por superadas en virtud del plan del 2010", ha agregado.

Por su parte, el abogado del Estado en excedencia Carlos García Manrique ha apuntado que el TS señala en el fallo que "lo que tenemos que hacer es mirar al futuro". "El plan no es para corregir lo que se ha hecho en el pasado, sino para mirar al futuro partiendo de un principio básico que establece el vigente derecho urbanístico de la Unión Europea".

En este sentido, ha apuntado que "no se trata de crear ciudad, sino de regenerar la que tenemos. Dentro de esa regeneración tenemos que encajar todas estas situaciones", ha concluido.

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