­La portavoz del PP y exalcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, pidió ayer a la Junta de Andalucía «una cobertura y un marco legal autonómicos» que garantice a los compradores de viviendas de buena fe del municipio que sus inmuebles no serán demolidos y un compromiso expreso para que no pida al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ejecute las sentencias de derribo.

Muñoz hizo esta petición después de que el Tribunal Supremo anulara la semana pasada el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella de 2010, que recogía un sistema de compensaciones para legalizar las propiedades que se edificaron de forma irregular durante los gobiernos del exalcalde Jesús Gil, sistema para el que el Alto Tribunal le niega competencias.

«Hay que mandar un mensaje, claro a las más de 16.500 familias cuyas viviendas quedan en situación de irregularidad. Hay que darles una cobertura jurídica que permita que no se ejecuten las sentencias previstas de demolición de viviendas», dijo Muñoz.

La presidenta del PP de Marbella afirmó que el Gobierno andaluz instó al TSJA a ejecutar las sentencias de demolición. Por ello, llama a la corporación municipal y a los grupos políticos presentes en el Parlamento andaluz a trasladar un respaldo claro para que esas personas sepan que sus propiedades están garantizadas.

«El equipo de gobierno habla mucho de inversores y futuros promotores, a los que manda mensajes de tranquilidad pero la confianza vendrá si los compradores de buena fe saben que hay una cobertura autonómica y municipal que mantenga sus casas -dijo la exregidora-. Una sola noticia en contra de los propietarios de buena fe ahuyentará a los promotores de invertir en el municipio», dijo.

Ángeles Muñoz añadió que los vecinos pueden acceder al Sistema de Información Territorial de Marbella (Sitma), ubicado en la web municipal, para comprobar en qué situación quedan sus viviendas según el PGOU de 1986, que entra en vigor tras la anulación del de 2010 e insta al equipo de gobierno a abrir cuanto antes una oficina en la que los vecinos puedan informarse sobre asuntos urbanísticos.

El equipo de gobierno respondió a la exalcaldesa apelando a la unidad de todos los partidos políticos ante un asunto como éste y aclaró que los documentos del PGOU del 86 no son operativos para el Sitma, por lo que están digitalizando los documentos para que sean accesibles a través de la web municipal lo antes posible.