El alcalde de Marbella, José Bernal, afirmó ayer que el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía están trabajando desde el primer momento «para garantizar el día a día del urbanismo en la ciudad, la regularización de las viviendas fuera de ordenación y asegurar las inversiones necesarias para Marbella».
Así lo afirmó ayer el alcalde, quien mantuvo un encuentro con inversores del sector inmobiliario de la ciudad para analizar la situación creada después de que el Tribunal Supremo tumbara hace una semana el Plan de Ordenación Urbana de 2010, por atribuirse el anterior equipo de gobierno la capacidad de regularizar las viviendas que se encontraban en situación irregular a través de dicho documento cuando esa facultad corresponde a los tribunales.
«La solución definitiva pasa por la revisión del Plan General de Ordenación Urbana y una fórmula transitoria paralela, que queremos definir lo antes posible», explicó José Bernal, quien acudió a la reunión junto a la edil de Urbanismo, Isabel Pérez, y de varios concejales de su equipo de gobierno.
«Las sentencias nos retrotraen al Plan del 86 y estamos trabajando para poner en marcha una fórmula transitoria con el fin de asegurar las inversiones y los desarrollos de la ciudad», subrayó Bernal, quien añadió: «Tenemos que afrontar la situación como una oportunidad para diseñar el modelo urbanístico de la Marbella del futuro».
No piensa lo mismo el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, quien acusó ayer al Gobierno andaluz de quedarse con los brazos cruzados tras la sentencia del Alto Tribunal, que no sólo tumbó el PGOU de Marbella de 2010 sino el Plan de Ordenación del Territorio de toda la Costa del Sol.
El líder del PP señaló que los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán «lavaron su conciencia» aprobando un PGOU que ahora ha sido anulado y afirmó que «ahora el socialismo andaluz y la presidenta Susana Díaz vuelven a estar en deuda con Marbella».
Moreno, que mantuvo ayer en Marbella una reunión con empresarios y vecinos, exigió a la Junta que «se ponga a trabajar para resolver el problema» pues considera que, tanto Díaz, como su gobierno, se han limitado a decir que anulado el PGOU de 2010, se aplicará el plan de 1986.
El PP pide explicaciones. El PP solicita la comparecencia del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, en el próximo pleno para que explique cuáles son las previsiones del Gobierno andaluz ante la anulación del PGOU y las medidas que van a poner en marcha para minimizar el impacto negativo en los vecinos de la Costa del Sol y en su economía.
El presidente del PP añadió que su partido está trabajando en una Proposición No de Ley para instar al Gobierno andaluz a elaborar cuanto antes unas normas provisionales para normalizar la actividad urbanística en Marbella, y reclamarán a Susana Díaz la máxima diligencia para aprobar el nuevo planeamiento.
Moreno afirmó que el PP ha presentado enmiendas a los presupuestos de la Junta de 2016 para que reserve recursos económicos suficientes para la legalización de viviendas en Marbella y para la gestión urbanística extraordinaria que deberá desarrollarse tras las sentencias del Tribunal Supremo.
Moreno Bonilla reclamó también una Ley de Segunda Oportunidad que permita la regularización de las viviendas adquiridas por compradores de buena fe.
