­Una vez sobrepasada la meta, ésta se convierte automáticamente en el punto de salida. Con esta mentalidad de revertir el pasado afronta el Ayuntamiento de Marbella la búsqueda de soluciones tras la ruptura, esta vez definitiva, de su Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), que fue tumbado por el Tribunal Supremo la semana pasada y que ha sumergido al municipio en las profundidades de la incertidumbre. Por ahora, en la búsqueda de una solución temporal que sirva para dar seguridad jurídica al desarrollo urbanístico del municipio.

Apenas tuvieron que pasar unas 72 horas hábiles para que se desplazara un séquito de técnicos expertos en la materia, capitaneados por el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial de la Junta de Andalucía, José Fiscal, al Consistorio marbellí para entrar de urgencia en el asunto de nulidad del PGOU del 2010 que regía hasta el momento. Algo que sirvió, de entrada, para demostrar que la urgencia está sobradamente a la altura de la magnitud del problema. Después de días de rumores, con su consiguiente enjambre de opiniones cruzadas, la reunión matutina, a la que también asistieron el delegado de Gobierno de la Junta, José Luis Ruiz Espejo, y la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Isabel María Pérez, sirvió para marcar una hoja de ruta para las próximas semanas que está destinada a buscar una medida transitoria que sirva para proyectar tranquilidad entre la ciudadanía y dotar de seguridad jurídica al futuro desarrollo urbanístico de Marbella.

Esta determinación, expresada por Bernal ayer, no vino, sin embargo, acompañada de soluciones concretas por la complejidad de la casuística. A pesar del fallo judicial, que pone en entredicho toda la política urbanística del municipio, los primeros movimientos acordados están enmarcados en ponerse a trabajar de manera inmediata para buscarle algún encaje legal al desarrollo urbanístico del municipio. En su comparecencia, el alcalde insistió en que los técnicos del Ayuntamiento y de la Junta «ya están buscando el mecanismo que mejor se acomode a la situación» y explicó, además, que se «está trabajando con absoluta prioridad para solucionar este asunto». Dicho mecanismo podría venir de la mano del antiguo PGOU de 1986, que podría ejercer como base para una solución intermedia antes de que se dé el siguiente paso de redactar un nuevo plan general, algo ya, a todas luces imposible de esquivar en el futuro. Aunque Bernal no quiso adelantar aún pasos en este sentido, dada la complejidad de rearmar de nuevo toda la regulación urbanística en un nuevo plan general.

Sí abrió el alcalde la más que probable posibilidad a que, una vez fijada una solución transitoria, el Ayuntamiento emprenda el camino hacia la redacción de un nuevo PGOU. «Vamos a buscar una solución, y, después, vamos a ver si acabamos de una vez por todas con la incertidumbre que rodea al urbanismo de Marbella desde hace 30 años», explicó Bernal, que también habló de tomarse este contragolpe «como una oportunidad».

Garantizar inversiones. Sobre la posible espantada de inversores, Bernal manifestó que se «trabaja para salvar el mayor número posible de inversiones». En ese sentido, basándose en la existencia del PGOU de 1986, Bernal aseguró que «el día a día en materia de urbanismo está garantizado». En todo caso, a pesar del optimismo vertido, la nulidad del PGOU de 2010 se presume como un claro paso atrás y deja en un limbo legal, de nuevo, a las 16.500 viviendas pendientes de su regularización mediante el sistema de las compensaciones que preveía el antiguo plan. El consejero, por su parte, quiso subrayar las declaraciones de Bernal y resaltó que Marbella se ha convertido en máxima prioridad para la Consejería que preside, en última instancia, «dada la importancia de Marbella para el conjunto de Andalucía y para la Costa del Sol. En todo caso, la única concreción a la que se llegó ayer fue a la necesidad de crear una comisión de seguimiento conjunta entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía.