­El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Marbella aprobó ayer los criterios para que las diferentes áreas de la Delegación de Urbanismo puedan conceder licencias de obras y proyectos, según anunció el regidor, José Bernal. Las directrices se ajustan al Plan General de Ordenación Urbana de 1986, que se encuentra en vigor después de que el Tribunal Supremo anulase el nuevo planeamiento de 2010.

«La unificación de criterios era un tema necesario para el funcionamiento del nuevo documento de trabajo. Tenemos un documento y las leyes. Lo único que no tenemos es el documento de 2010, pero sí un plan en el que basarnos y con el que poder trabajar», manifestó la edil de Urbanismo, Isabel Pérez, quien anunció que los criterios se publicarán en la página web municipal en los próximos días.

Los criterios recogen una generalidad de las áreas de Planeamiento y Disciplina Urbanística, desde las que se tramitan las infracciones y sanciones; y del área de Licencias, dijo Pérez. Algunos procedimientos urbanísticos no se ajustarán a los criterios, por lo que habrá que estudiarlos de manera especial, según reconoció la edil.

El alcalde aseguró que, a pesar de la anulación del PGOU de 2010, el urbanismo sigue adelante y afirmó que un grupo inversor cerró ayer mismo una operación para adquirir dos parcelas para construir viviendas por 22 millones, para compradores de alto poder adquisitivo. Asimismo, anunció compras de terrenos en Marbella por valor de 100 millones de euros en el último mes.

«Me extraña mucho que cualquier municipio próximo a Marbella tenga la décima parte de las inversiones que se han hecho en la ciudad en el último mes para el desarrollo inmobiliario», dijo Bernal.

El alcalde insistió en que Marbella contará con un nuevo PGOU en un plazo de dos años si todo va bien y del que se aprovecharán aspectos de los planeamientos de 1986 y 2010.

Refuerzo. El Partido Popular instó ayer al Ayuntamiento de Marbella a reforzar el área de Urbanismo con la contratación de personal técnico, a la mayor brevedad, tras la crisis provocada por la anulación del PGOU de 2010.