­El Gobierno andaluz va a proponer reformas que permitan otorgar mayor flexibilidad y agilidad al planeamiento urbanístico para lograr un modelo de ciudad y territorio más habitable, en el que se tenga en cuenta las vertientes económica y social, preservando el medio ambiente.

Así lo dijo ayer el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, quien explicó que dentro de las comisiones provinciales de Urbanismo se han creado grupos que han agilizado bastante la gestión.

Fiscal añadió que la Junta va a crear un Consejo Asesor en materia de buen gobierno urbanístico en el que estén representados ayuntamientos, especialistas, arquitectos, urbanistas o ambientalistas, «para que los pasos los demos de manera sólida».

«Es una cuestión que nos preocupa: un plan general no puede llevarse el tiempo que actualmente ocupa desde que se plantea hasta que se aprueba, porque lo que suele ocurrir es que cuando se valida la realidad ya ha cambiado tremendamente», manifestó el consejero, que pretende que dicho consejo esté listo este año.

Los datos que maneja la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, facilitados por la propia Confederación de Empresarios, concluyen que por ahora los inversores mantienen sus proyectos en Marbella a pesar de la inseguridad jurídica que podría suponer que el Tribunal Supremo haya declarado nula de pleno derecho la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística del año 2010.

En una entrevista concedida a Europa Press, el consejero José Fiscal atribuyó el mantenimiento de las inversiones a que tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Marbella han actuado con rapidez, según reconocen los propios agentes sociales implicados, pues inmediatamente después de los fallos se produjeron las primeras reuniones.

En este sentido, el día a día de las cuestiones menores están jurídicamente cubiertas por el Plan General de Ordenación Urbanística de 1986, de nuevo en vigor, mientras que para las cuestiones de más calado se tomará una decisión inmediata.

Legislación transitoria

En este sentido, el Consistorio decidirá en los próximos días si mientras se aprueba el nuevo plan de urbanismo se acoge a unas normas sustantivas o a una adecuación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

«Hay que ser moderadamente optimistas: los inversores y los ciudadanos tienen que estar tranquilos, porque se les va a garantizar sus derechos con total seguridad», insistió José Fiscal, para quien la sentencia del Tribunal Supremo va a suponer una oportunidad de ajustar mejor el planeamiento marbellí a «la realidad que vivimos ahora, y que según todos los expertos será la que vivamos durante bastante tiempo, pues afortunadamente no volverán los tiempos de especulación salvaje».

Partiendo de la base de que la Junta lamenta la sentencia, José Fiscal añadió que les gustaría que les hubieran dado la razón y hacer otro Plan General de Ordenación Urbana cuando hubiera correspondido, más ajustado a la realidad. Fiscal insistió en que el plan de urbanismo tumbado por el Supremo ya no respondía a los peores momentos de la burbuja, pero el consejero de Ordenación del Territorio cree que «se puede aprovechar para hacerlo mejor».