La operación Malaspina, el golpe al fraude fiscal y el blanqueo asociado al complejo societario de Ramón Mesas, dueño del grupo La Pesquera, ha desvelado algunos detalles del modus operandi del empresario, según los datos aportados por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria. Fuentes cercanas al caso explican que, una vez cometido el fraude fiscal y, por tanto, estando el empresario marbellí «en posesión de un dinero ennegrecido, el mismo era desviado a paraísos fiscales, para lo que se valía de un helicóptero que estaba en su finca y con el que se desplazaba a países como Andorra, Gibraltar o Suiza, donde realizaba ingresos de cantidades millonarias.

La Guardia Civil, con apoyo de Hacienda, desarticuló la pasada semana un entramado societario que habría defraudado al fisco 10 millones de euros en los últimos cuatro años. En la operación fueron detenidas cinco personas de nacionalidad española y rumana y hay otros siete investigados. Los agentes intervinieron 550.100 euros en efectivo y bloquearon bienes por valor de más de 50 millones de euros.

Las investigaciones se iniciaron en 2013, cuando la Guardia Civil recibió información sobre la ilícita actividad que podría estar realizando un conocido empresario marbellí -madrileño de nacimiento-, cuyos primeros negocios los desarrolló gracias a las concesiones otorgadas por el Ayuntamiento de Marbella, presidido en la época por Jesús Gil.

El fisco pudo comprobar, según las fuentes, que Mesas, que ha quedado en libertad y al que la operación pilló en Marruecos en viaje de negocios, hacía uso de una ingeniería societaria que concluía en una compleja estructura empresarial con el fin de ocultar a la Agencia Tributaria las ganancias obtenidas por el grupo restaurador, que, pese a todo, declaraba pérdidas en las sucesivas declaraciones anuales.

Por el resultado estimado de ganancias, el grupo debería haber abonado impuestos al fisco de más de 10 millones de euros, según las estimaciones realizadas por dicho organismo y, tras el estudio de más de 200 cuentas bancarias, si bien parte de las ganancias y de la cuota no tributada era enviada a paraísos fiscales o reinvertida en el grupo societario que no ha parado de crecer en los últimos años, pese a sus declaraciones continuas de pérdidas, añaden las fuentes.

Parte de ese dinero era reinvertido en la ampliación del entramado societario, bien con la adquisición de locales nuevos, mejoras de los existentes o creación de otras sociedades que daban servicio a los negocios de hostelería, empresas que, además de ofrecer un verdadero servicio a otros de sus negocios, permitían la emisión de facturas engordadas o creación de gastos inexistentes para blanquear, por un lado, y justificar, por otro, las pérdidas existentes.

Para configurar el entramado societario tipo holding detectado por los agentes, hubieron de participar expertos fiscalistas y de derecho de sociedades de capital, quienes pudieron determinar la existencia de 70 empresas, entre las que se encuentran las hosteleras, otras que dan servicio real y ficticio a los negocios y otras interpuestas administradas por testaferros, confluyendo la red en Gibraltar a través de la figura del fideicomiso (para ocultar la titularidad real del entramado).

Los agentes se hicieron, asimismo, con numerosa documentación en papel y electrónica. Pese a todo, los negocios de hostelería tienen una actividad empresarial legal y no se ha querido precintar ningún local por los cientos de trabajadores que ejercen allí honradamente su actividad. Fuentes del caso creen que se trata de uno de los más activos entramados societarios opacos a nivel nacional.