La comunidad educativa del colegio Miguel Hernández de San Pedro Alcántara ha dado a conocer detalles, e incluso abundante material gráfico, sobre una serie de desperfectos que como consecuencia de las últimas lluvias han dejado al aire estructuras de amianto «con el consiguiente riesgo para el alumnado».

Así lo indicó una de las portavoces, Francisca Pérez, de más de 750 padres y madres con hijos en este centro público. «Sabemos lo que representa el amianto. Las chapas han quedado a la vista de todo el mundo y tenemos miedo de que nuestros hijos puedan tener problemas de salud que podrían evitarse con lo que llevamos años reclamando mejoras no sólo en las cubiertas, sino en las estructuras básicas del colegio».

En efecto, ya durante el pasado curso, los progenitores reclamaron mejoras en la red eléctrica, que sufría cortes durante los temporales invernales, o en las canalizaciones de saneamiento.

Inspecciones periódicas. La Consejería de Educación expresó ayer a este periódico que, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, mantiene establecido un protocolo para los casos en los que se detecta la presencia de amianto o fibrocemento, «más conocido por su nombre comercial de Uralita, en los centros educativos».

«Dicho protocolo indica que empresas externas especializadas realizan mediciones de la cantidad de fibrocemento en el aire. En todos los casos dichas mediciones realizadas en centros educativos de la provincia de Málaga han resultado negativas e inferiores a las cantidades establecidas en la normativa», argumentan.

Frente a la denuncia procedente del colegio situado en el término municipal de Marbella se aclara que la normativa actual de España «prohíbe la fabricación, comercialización y uso de los productos que en su composición contengan amianto, pero no establece la obligatoriedad de la retirada de los productos ya instalados ni da un plazo para dicha eliminación, salvo el que se refiere al final de la vida útil de dichos materiales», agrega Educación. Y finaliza: «La mera presencia de fibrocemento en elementos constructivos de los centros escolares no debe ser un motivo de alarma».