Estrategia del Ayuntamiento

Marbella fija el 2016 como tope para resolver el futuro de La Bajadilla

El alcalde del PSOE, José Bernal, asegura que pedirá a la Junta que se le retire la concesión a Al-Thani si no se materializa la remodelación del puerto prevista

12.04.2016 | 05:00
El alcalde de Marbella, José Bernal, con el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez.

El Ayuntamiento integrará a unos 1.350 trabajadores

  • ­ El Ayuntamiento de Marbella prevé fomentar promociones internas objetivas, que hace años que no se llevan a cabo, y lograr gradualmente la igualdad entre todos los empleados municipales. El horizonte a largo plazo es la absorción de unos 1.350 empleados municipales, que ahora mismo dependen de los diferentes órganos locales, y que pasarán a ser funcionarios del propio Ayuntamiento de Marbella. Así lo anunció ayer el alcalde del municipio, José Bernal. Medida encaminada a acabar con la desigualdad entre los diferentes trabajadores municipales que ahora mismo desempeñan su labor, en varios casos, presentando notorios agravios comparativos entre los propios empleados. Este proceso de absorción, que ya ha comenzado, no implica que aumente el número de trabajadores a cargo del Consistorio. «El Ayuntamiento tiene necesidad de funcionariado, pero no se sacan plazas a concurso público en los últimos años. Existe desigualdad entre los propios trabajadores que redunda en la confrontación entre ellos mismos y crean un ambiente perjudicial para trasladar unos servicios adecuados a la ciudadanía», explicó Bernal, asegurando, además, que esta situación de aparente desigualdad se habría traducido en una plantilla «desmotivada». Frente a las voces que consideran que el Ayuntamiento cuenta con una plantilla sobredimensionada, Bernal quiso hablar de «oportunidad» y aludió a la condición social que debe imperar en el Ayuntamiento. «No vamos a permitir que trabajadores, haciendo el mismo trabajo y compartiendo el mismo puesto, tengan sueldos y coberturas sociales diferentes», puntualizó. Bernal también aprovechó para la ocasión para culpar al anterior equipo de gobierno del PP de haber «enchufado» a unos 50 trabajadores en puestos de alta dirección, y sin pasar ningún tipo de control público.

El nuevo PGOU no contempla la regularización de las 16.000 viviendas en situación ilegal.

­Marbella afronta su salida definitiva de los sótanos de la corrupción y de los titulares infaustos. Sin ganas ya apenas de hacer mención a la época oscura del gilismo. Con intención de dejar de lado intereses partidistas para sacar al municipio con más identidad propia de la Costa del Sol de esa situación anestesiante en la que se había sumergido en las últimas décadas. De entrada, en el desayuno informativo organizado ayer por el Nueva Economía Fórum, y que sirvió como escenario para que su alcalde, José Bernal, explicara los principales puntos de su estrategia de gobierno para el municipio en los próximos años, se contó también con la presencia de los alcaldes populares de Málaga y Estepona, Francisco de la Torre y José María García Urbano, además de varios cargos socialistas. Entre ellos, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios.

El alcalde socialista, al frente de un tripartito formado por PSOE, IU y Opción Sampedreña, puso el eje de su intervención en explicar el diseño de un futuro modelo de ciudad concreto, que señaló, debe ser la principal preocupación del municipio para crear un marco que canalice, en este caso, el funcionamiento adecuado de una Marbella volcada con el turismo y el urbanismo. Dos características, según Bernal, imprescindibles y que ejercen como principal motor de empleo en el municipio. En este sentido, hizo alusión a uno de los proyectos estrella del pasado, la ampliación del puerto de La Bajadilla, y que lleva ya varios años paralizada entre innúmeros retrasos e impagos que lastran la credibilidad del Grupo Naser, propiedad del jeque Al-Thani. En este sentido, Bernal apeló a una pronta solución marcando, por primera vez, una fecha límite para el presente año 2016 asegurando, en caso contrario, que pedirá a la Junta que le retire la concesión del proyecto al jeque como objetivo último para sacar a La Bajadilla de su actual parálisis. «Nosotros no vamos a engañar a la gente eternamente. Nos hemos puesto un tope, y si en este año 2016 no hemos conseguido que el interés de estos inversores se haga realidad, le pediremos a la Junta que les retire la actual concesión», puntualizó. Aseguró, entonces, que también le pediría al Gobierno regional que saque la ampliación de nuevo a concurso público. Aunque eludió nombrar directamente al propio Al-Thani, cada vez parece menos probable que, el también presidente del Málaga CF, esté en condiciones de cumplir con el compromiso adquirido hace ya más de media década.

Nuevo PGOU y viviendas ilegales. Sobre la anulación del Plan General de Ordenación Territorial (PGOU) de Marbella de 2010 por parte del Tribunal Supremo, y que desató la incertidumbre entre los inversores al carecer ya de seguridad jurídica alguna, Bernal defendió la gestión de su equipo de gobierno asegurando que se ha trabajado desde el mismo momento de la anulación, y en colaboración con los responsables de la Junta, para adecuar el PGOU de 1986 y que éste pudiera servir como plan transitorio hasta la elaboración de un nuevo PGOU. «Frente al plan de 2010, que pretendía corregir los errores del pasado, se debe de elaborar un documento que marque las líneas estratégicas del futuro y nazca con un modelo de ciudad definido», abogó por un marco regulador que se convierta, de una vez por todas, en un documento que contemple la idiosincrasia propia de un municipio que, según Bernal, ha pasado en menos de 50 años de los 12.000 hasta los 240.000 habitantes.

En alusión a una posible modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), solicitada por el PP y que busca la regulación de las 16.000 viviendas que ahora se encuentran en situación ilegal, Bernal aseguró que no dará este paso y que «tendrán que ser los tribunales tratando caso por caso» los que resuelvan la situación de las viviendas en limbo legal. Aunque el futuro PGOU no dé cobertura a estas viviendas, Bernal se mostró seguro de que «en el 99 por ciento de los casos se va llegar a un acuerdo».

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