­La investigación que la Guardia Civil lleva a cabo sobre la gestión de la asociación de Amigos de los Animales Abandonados de Marbella, más conocida como Triple A, afecta ya al menos a ocho personas, aunque esta cifra puede aumentar a medida que avancen las investigaciones. Tres de ellas fueron detenidas el lunes durante el registro de las instalaciones y una cuarta fue arrestada ayer martes. El instituto armado, bajo la supervisión del Juzgado número 3 de esta localidad, los investiga por varios delitos entre los que destacan el de presunto maltrato animal y tráfico de animales, aunque también se barajan otros de índole económica. En su página web, la organización asegura que sobrevive «enteramente del dinero recaudado a través de donaciones, cuotas de socios, y eventos organizados por nosotros para la recaudación de fondos» y que los costes de mantenimiento mensuales del refugio superan los 18.000 euros.

Tal y como informó el lunes este diario en su edición digital, los tres primeros detenidos fueron la presidenta de la asociación, el secretario y un veterinario, aunque tanto estos como el arrestado ayer fueron liberados tras prestar declaración ante los agentes del Seprona. El secretario, Jan Weima, dijo ayer a Efe que el origen de esta investigación parte de la denuncia de un abogado que trabajaba para el colectivo y que habría actuado «en venganza, porque cree que es una mina de oro». Weima, de 71 años y cofundador de la asociación, negó rotundamente las acusaciones de maltrato y tráfico animal y calificó de «injusticia» las detenciones, además de defender la labor «desinteresada» de la asociación.

La investigación se ha conocido poco después de que la Triple A lanzara un comunicado para defenderse de las acusaciones que habían detectado por diversos medios al considerar que estaban produciendo un «daño irreparable a la asociación». Según el colectivo, esos comentarios buscaban «desprestigiar su imagen» y afirmaba que habían llegado tras una denuncia presentada por trabajadores del centro. «Ante la gravedad de lo sucedido, se procedió al despido inmediato de los citados trabajadores con sus respectivas indemnizaciones», añade la nota.

Actualmente, esta organización acoge a alrededor de trescientos perros y cien gatos abandonados, cuenta con cinco trabajadores y numerosos voluntarios, mientras que entre sus actividades destaca la adopción de mascotas abandonadas, incineraciones de animales y traslados de animales al extranjero. La asociación funciona gracias a las donaciones, el 60% de personas extranjeras, y a subvenciones como la del Ayuntamiento de Marbella, que aporta anualmente 20.000 euros para alimentación de los animales.

El propio Consistorio marbellí, que a través de su área de Sanidad se encarga de controlar estas instalaciones y de las incineraciones, se interesó desde el primer momento por el estado de los animales mientras las instalaciones se mantengan cerradas. «Estamos buscando vías para asegurar el cuidado de los animales», aseguró el alcalde, José Bernal, quién insistió en que el primer objetivo del Ayuntamiento es que los animales continúen allí. El socialista añadió que varios técnicos municipales visitaron el mismo lunes las instalaciones de la asociación para garantizar el mantenimiento de los animales recogidos en la Triple A. Aunque prefirió no valorar la situación debido al secreto judicial en el que se encuentra la investigación, el regidor reconoció que la asesoría jurídica municipal, que se encarga de fiscalizar las subvenciones a la entidad, ha trasladado al juzgado que instruye el caso toda la información que tiene sobre la Triple A, «pero desconocemos por qué se está investigando a la asociación». «Vamos a colaborar con cualquier tipo de petición de información que requieran», abundó.