Nas Marbella, la empresa concesionaria del proyecto de ampliación del puerto deportivo de Marina La Bajadilla -participada por el jeque Al-Thani y el Ayuntamiento- reclamó ayer la colaboración de las administraciones, incluida la Junta de Andalucía, para desbloquear esta iniciativa.
No obstante, la respuesta no tardó en llegar. Ni el Consistorio ni la propia Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) comprenden esta petición, puesto que en cinco años no se ha movido un documento.
Las palabras más contundentes llegaron por parte de la APPA, a través de uno de sus portavoces: «Nos hemos reunido muchas veces con ellos durante estos años. Pero nunca sabíamos si eran ellos o no. Cada vez aparecía una persona distinta. Imaginamos que el jeque tendría otros intereses estos años. Lo que no podemos permitir es que todo siga igual más tiempo. Si no se hace nada, esta situación no sería buena ni para Marbella ni para el turismo en Andalucía», argumentó.
Para Nas Marbella, «un proyecto de semejante envergadura necesita de apoyo y sensibilidad institucional para resolver cuestiones esenciales como el número de plazas de aparcamiento necesarias o la dotación de accesos adecuados al puerto para absorber el tráfico que generará la ampliación».
Estas consideraciones, a juicio de la APPA, llegan tarde. «En más de cuatro años han tenido tiempo de hacer lo que se suele completar en no menos de seis. Ni siquiera han contratado un equipo de ingenieros para hacer el proyecto. Nosotros en su día impusimos nuestros criterios técnicos. El pliego de condiciones era muy claro. Lo que no podemos es readaptar lo que se pactó. Hay muchos incumplimientos y no es hora de plantear esos cambios. El fin de esta concesión era la ampliación del puerto, no la gestión de las plazas antiguas. Para la gestión, la Junta ya es autosuficiente».
La concesionaria, a través de un comunicado, expresó ayer que ha solicitado información sobre la actual situación urbanística para la ampliación del puerto, «incluso por registro de entrada, después de que el Tribunal Supremo anulase el Plan General de Ordenación Urbana de 2010 en sentencia dictada el pasado mes de noviembre». Y alega que hasta no ha recibido respuesta alguna.
El Ayuntamiento respondió ayer: «Continuamos dispuestos a mantener las relaciones con aquellos agentes que puedan aportar soluciones al futuro del puerto. Sin embargo, no estamos dispuestos a poner la institución al servicio de intereses que ni conocemos ni comprendemos». Fue la réplica del portavoz del equipo de gobierno marbellí, Javier Porcuna.
Recordó además que ha habido contactos continuados con todas las partes, «desde la sociedad del jeque, hasta la APPA y el arquitecto inicial del proyecto, cuya demanda motivó el control de la administración judicial». En efecto, la denuncia interpuesta en su día por José Seguí, autor del proyecto de ampliación, derivó en una sentencia que obligaba a pagarle 4 millones de euros.
Como ayer subrayó el Consistorio, son administradores judiciales los que controlan el 97% de la parte de concesión «que no pertenece al Ayuntamiento». Porcuna indicó que hasta se ha intentado sin éxito contactar con representantes de la empresa Blue Bay, «supuestos socios del jeque Al-Thani».
