La vuelta al Plan General de Ordenación Urbana de Marbella (PGOU) de 1986 puede ser una oportunidad para el desarrollo de la ciudad. Así lo decían los políticos después de que el pasado mes de noviembre, el Tribunal Supremo tumbara el PGOU de 2010, retrotrayendo el planeamiento de Marbella a 1986. Y puede que sea así.
El colectivo cultural en defensa del patrimonio histórico de la Costa del Sol, Mar y Tierra, que preside Alfonso Cortés, ha anunciado que el PGOU de 1986 permite desbloquear la situación del Trapiche del Prado -un antiguo ingenio azucarero situado en una parcela de 11.000 metros cuadrados, tras el hotel Don Miguel- que data de 1644 y que su propietario, Mateo Álvarez, donó a Marbella, el 14 de febrero de 1992, con la condición de que sirviera para que los pobres de la ciudad tuvieran un lugar donde recogerse.
Diversos colectivos ciudadanos reivindicaron un uso cultural del inmueble, con el visto bueno del Ayuntamiento, lo que chocaba con los deseos del propietario para hacer efectiva la donación.
«A través de la asociación Mar y Tierra, hemos contactado con un prestigioso urbanista y con un experto arquitecto y, después de numerosas reuniones, hemos hallado una solución que cuenta con el visto bueno de los técnicos, de la Concejalía de Urbanismo y de la familia», explica Alfonso Cortés.
El acuerdo consiste en segregar la parcela y destinar una pequeña parte -en torno a un 20%- para construir una residencia de mayores -cumpliendo así el deseo de Mateo Álvarez- destinando el antiguo trapiche y el resto de la parcela a uso cultural, como reivindicaban las asociaciones ciudadanas», explica Alfonso Cortés.
El presidente de la Asociación Mar y Tierra explica que el PGOU de 2010 no permitía la segregación de la parcela, pero el de 1986, actualmente vigente, sí; lo que es una magnífica oportunidad para desbloquear el proyecto. La asociación ha diseñado una residencia de mayores aprovechando el desnivel del terreno para no quitar vistas a las viviendas unifamiliares que existen en la zona. La residencia de mayores tendría capacidad para unas 100 personas en régimen interno, siguiendo los parámetros que exige la Junta de Andalucía para concertar las plazas. De esta manera, Marbella contaría con una residencia pública de mayores, una infraestructura de la que, a día de hoy, carece, por increíble que parezca.
Este acuerdo permitiría intervenir de urgencia para evitar el inminente derrumbe del inmueble, de más de 1.800 metros cuadrados, con una inversión de unos 300.000 euros. Posteriormente, y de manera plurianual, se podrían invertir cuatro millones de euros para afianzar la estructura y las cubiertas del edificio, destinando posteriormente una cantidad similar para la distribución interior y el mobiliario, en un proyecto que permitirá a Marbella recuperar un trapiche del siglo XVII y, con ello, la riqueza de parte de su patrimonio.
La última decisión la tiene el alcalde de Marbella, José Bernal, que hoy recibe a los miembros de la plataforma ciudadana en defensa del Trapiche.
