­El anuncio del equipo de gobierno de Marbella de que ha enviado un informe a petición de Fiscalía en el que se recogen «desajustes» entre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado el 12 de junio de 2009 y el documento ratificado en pleno el 29 de julio de 2009 ha abierto una nueva brecha entre el tripartito y el PP, en la oposición.

El concejal del grupo municipal del Partido Popular y parlamentario andaluz, Félix Romero, exigió ayer al equipo de gobierno de Marbella que ponga a disposición de su partido el expediente de la supuesta alteración de los documentos del PGOU del que no se informó en la junta de gobierno local celebrada el pasado martes.

Romero afirmó ayer que la tramitación del PGOU fue impecable, consensuada por los técnicos municipales y de la Junta de Andalucía, por el equipo redactor y visado y sellado por los habilitados nacionales del Ayuntamiento de Marbella.

El edil del PP añadió que el anuncio del tripartito pone en tela de juicio la honorabilidad de los técnicos y los habilitados nacionales, así como de la institución marbellí. Por ello, Félix Romero afirmó que, una vez que se resuelva la polémica, el grupo municipal emprenderá acciones judiciales para defender el honor de los miembros del anterior ejecutivo y de los funcionarios que participaron en la tramitación del PGOU.

Por su parte, la concejala de Urbanismo, Isabel Pérez, aseguró que el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Marbella se ha limitado a responder a una petición de la Fiscalía sobre las diferencias entre los documentos aprobados con menos de un mes de diferencia.

Isabel Pérez criticó la actitud del Partido Popular y señaló que en ningún momento han puesto en duda el trabajo de los funcionarios y de los empleados municipales y se han limitado a dar respuesta a una solicitud de la Fiscalía para pronunciarse sobre una serie de cuestiones.

La concejala de Urbanismo añadió que «el técnico del área sobre el que se pregunta ha elaborado la contestación» e insistió en que se han limitado a remitir a la Fiscalía la información que les habían solicitado.

Los desajustes se centran en «las lindes de Marbella, que cedía a Benahavís la zona donde se sitúa la casa de la alcaldesa y unos terrenos de los cuales son dueños, entre otras personas, ella y su familia», según denunció en su día la Plataforma en Defensa de las Lindes.