­El Ayuntamiento de Marbella ha enviado un informe a requerimiento de la Fiscalía sobre la existencia de desajustes entre los documentos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado en los meses de junio y julio de 2009, según informó ayer la concejala de Urbanismo, Isabel Pérez, y el portavoz del equipo de gobierno, Javier Porcuna.

Isabel Pérez explicó que los técnicos han encontrado ciertos desajustes, «algunos de menor entidad y otros de mayor calado», entre el documento aprobado el 12 de junio de 2009 y el ratificado en pleno el 29 de junio del mismo año, un desajuste que ya denunció la Plataforma en Defensa de las lindes de Marbella y Benahavís.

La plataforma alertaba de que el segundo documento «redibujaba las lindes de Marbella para dar a Benahavís la zona donde se sitúan la mansión de la alcaldesa y unos terrenos de los cuales son dueños, entre otras personas, ella y su familia».

La concejala de Urbanismo detalló que el segundo documento fue aprobado en un pleno extraordinario y corresponde a la segunda aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana, defendida por la exalcaldesa Ángeles Muñoz.

La reacción del PP de Marbella no se hizo esperar y ayer mismo el portavoz del grupo municipal, Félix Romero, anunciaba que su partido va a emprender acciones legales contra el tripartito tras conocer las acusaciones de que el anterior ejecutivo modificó alguno de los documentos del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad.

Romero exige acceso al expediente donde supuestamente figuran las modificaciones y afirma que el PP no está dispuesto a tolerar ninguna falsedad más.

Félix Romero añadió que todos los documentos del PGOU están firmados y visados por el secretario del Ayuntamiento, por lo que las acusaciones del tripartito van más allá de lo que el sentido común puede tolerar.

11 millones sin ingresar

Por otra parte, la edil de Urbanismo afirmó, tras la junta de gobierno local, que el Consistorio dejará de ingresar 11 millones de euros en licencias tras la anulación del PGOU de 2010 decretada por el Tribunal Supremo.

«Se trata de procesos de normalización que el anterior Gobierno del Partido Popular no logró finalizar de forma efectiva; en ningún caso los datos de esa información se referían a nuevas licencias».

«Es dinero que debía haberse ingresado si la gestión del PP hubiera sido efectiva y esos 11 millones se suman a los 9 millones que también el partido que está en la oposición dejó prescribir por multas urbanísticas», explicó la edil Isabel Pérez.