Jornadas sobre el gilismo

Marbella nunca sabrá cuánto le robaron

El fiscal jefe asegura que "no hay forma de cuantificar" el perjuicio económico de todos los casos de corrupción a la ciudad – López Caballero afirma que el patrimonio neto incautado en Malaya, que pertenece a Roca, es de 70 millones de euros

28.05.2016 | 05:00
El excomisario José Gutiérrez Valenzuela y el fiscal jefe, Juan Carlos López Caballero.

Cuando pasa el tiempo es hora de hacer memoria y eso fue lo que intentaron ayer los ponentes que participaron en las Jornadas sobre el gilismo, celebradas en el Palacio de Ferias de Marbella, una vez que se han cumplido 25 años de la subida de Jesús Gil al poder y diez desde que estallase la operación Malaya. En una de las mesas redondas, coincidieron dos de los protagonistas de este caso, el que fuera comisario provincial de Málaga en 2006, José Gutiérrez Valenzuela, y el fiscal jefe de la provincia, Juan Carlos López Caballero. A la pregunta de cuál es el perjuicio económico generado por todos los casos de corrupción de la era GIL, el acusador público respondió: «No hay forma de cuantificarlo».

López Caballero señaló que Malaya fue un caso de blanqueo y que también se dilapidó el patrimonio municipal sobre la base de convenios urbanísticos, aunque esa cifra «está por verse». El fiscal jefe aclaró que esos convenios se «vendían» a la opinión pública, y se exigía ceder una parte importante de los aprovechamientos al Consistorio. «¿Quién cede el 50% del negocio? Porque lo están malvendiendo».

Antes, había señalado que el patrimonio neto incautado en Malaya ascendía a 70 millones de euros, fundamentalmente lo que se le pilló a Juan Antonio Roca. «Eso es lo que se ha podido descubrir», dijo.

El fiscal jefe consideró que, para luchar mejor contra la corrupción, hay que legislar en relación a la figura del arrepentido, a cambio incluso de «una exoneración total de la pena», y del agente infiltrado, figuras ambas que han dado muy buenos resultados en la lucha contra las mafias italianas.

Desde su punto de vista, es esencial aprovechar la experiencia acumulada en la investigación de Malaya, con equipos policiales multidisciplinares –con policías, informáticos y expertos en análisis contable y económico–, algo que, por ejemplo, no se está haciendo en los ERE. Es más, habría que crear un equipo de jueces para estos casos con el fin de evitar retrasos en estas macrocausas.

Incluso, López Caballero señaló que han de crearse órganos en la administración con carácter preventivo tales como la oficina de recuperación de activos, porque «hemos de ser capaces de incautar y localizar el patrimonio». Asimismo, las oficinas judiciales y fiscales deberían tener asociadas esas unidades multidisciplinares, pero «no se crean» porque «falta voluntad política». «Es llamativo que la mejora de la administración de Justicia no forma parte del debate político», señaló.

Asimismo, lanzó una propuesta: «Por qué a nivel regional no se crean unidades de investigación con jueces que también trabajen de forma regional. Y lo ideal sería ya que el enjuiciamiento correspondiera a los órganos especializados». También defendió que todo cambió cuando se incluyó el blanqueo de capitales como delito consecuencia de los casos de corrupción. Además, insistió en que la situación de Marbella en la época era «singular» porque es impensable considerar siquiera que toda una corporación se va a coordinar para delinquir. «Hay una ignorancia en cuanto a que el coste de la corrupción pública se traslada siempre al ciudadano», reflexionó.

El excomisario Gutiérrez Valenzuela señaló que aquello fue una mafia que iba a hacer dinero e incidió en que se podía haber solucionado «si hubiera habido voluntad política» y recordó que aquellos equipos multidisciplinares que hicieron Malaya existían y hoy sus componentes están en «distintos servicios». «Se podía y debían haber seguido; cuando me fui se desmanteló y los funcionarios fueron enviados a destinos menos operativos», criticó.

Como paradigma de cómo no debe tramitarse un caso complejo puso el caso Astapa contra la corrupción urbanística en Estepona. «La Justicia depende de la aportación de otros cuerpos del Estado. En este caso existe un apoyo puntual, un juez de apoyo para los casos del día a día», indicó. Asimismo, explicó que se requiere apoyo para investigar los convenios urbanísticos, y añadió que ya en trece de ellos se comprobó que existía «un mal uso de los atributos urbanísticos». Ahora se están esperando las periciales urbanísticas, ocho años después del inicio del proceso, «ahí está el atasco», pero recordó que los delitos no prescriben mientras haya una actividad investigadora.

«No puede ser que el Poder Judicial esté mendigando la asignación de peritos y recursos. Hay que hacer el escaneo del procedimiento para que sea manejable», precisó, para reseñar después que es el mismo juez quien se hace las fotocopias, y que además la máquina disponible no tiene capacidad para tantos folios. «No es de recibo», sentenció el fiscal jefe en relación a este sumario.

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