Los alumnos que se matriculen en la UNED en Marbella para el curso 2016-2017 no podrán recibir tutoría en su ciudad sino que tendrán que desplazarse a Málaga, al menos de momento, según anunció ayer la directora de la institución académica, Concha Travesedo.

La directora de la UNED en Málaga ha explicado a este diario que el Ayuntamiento de Marbella no ha pagado a los tutores desde el pasado mes de diciembre, por lo que va a suprimir este servicio, a no ser que el Consistorio pague lo que les adeuda de enero a junio y ofrezca garantías de pago para el próximo curso.

En el fondo de esta cuestión se encuentra el hecho que de la Ley de Sostenibilidad impulsada por el gobierno de Mariano Rajoy en 2013 impide que los ayuntamientos sufraguen actividades que no son de su competencia, como la actividad académica.

Esto provocó que el interventor del Ayuntamiento de Marbella pusiera reparo al pago del coste de las tutorías de 2015. El alcalde de Marbella, José Bernal, cumplió su palabra y levantó el reparo con el consentimiento del pleno de la ciudad, el pasado mes de marzo, a sabiendas de que tendrá que enfrentarse al Tribunal de Cuentas.

El Ayuntamiento se encuentra ahora en un déjà vu pues debe hacer frente a otro reparo de la intervención para pagar el coste de las tutorías de enero a junio de 2016.

Ante esta tesitura, la UNED ha anunciado al Consistorio que, además de abonar lo que adeuda a los tutores este año, quiere una garantía expresa de que no va a volver a ocurrir lo mismo en el ejercicio 2016-2017. Y hasta entonces, no va a dar la posibilidad de recibir tutoría en Marbella sino en el centro que la UNED tiene en Málaga.

La directora de la UNED en Málaga, Concha Travesedo, ofreció en marzo al Ayuntamiento de Marbella cambiar el convenio, de manera que el Consistorio pague la parte no docente, dentro de las actividades de promoción de la cultura que sí le permite la ley, y que la actividad puramente académica, así como las tutorías, las financie el Centro Asociaciado de la UNED en Málaga, como formula para acabar con la incompatibilidad de financiación que establece la Ley de Sostenibilidad, "pero a día de hoy aún no hemos recibido respuesta".